Por una vez latinoamericanos piden a EU se entrometa

Por una vez latinoamericanos piden a EU se entrometa

RIO DE JANEIRO, Brasil.- Durante los años 90, sólo un presidente de un país en América fue derrocado en un golpe de estado: Jean-Bertrand Aristide de Haití, quien fue destituido por sus fuerzas armadas en 1991 y recibió asilo en Estados Unidos. Desde el 2000, sin embargo, seis jefes de Estado han sido derrocados, incluido Aristide de nuevo el mes pasado. Esta vez afirmó que Estados Unidos lo obligó a partir al exilio.

La nueva precariedad de los líderes electos sugiere que una epidemia de inestabilidad está recorriendo de nuevo a Latinoamérica. Pero algunos líderes en la región se preguntan en privado si el Presidente George W. Bush se ha retractado del compromiso estadounidense de fortalecer sus instituciones políticas y económicas, una política de gobiernos demócratas y republicanos durante dos décadas.

Poco antes de que dejara el poder en el 2003, el Presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil dijo en una entrevista con la televisión mexicana que se había vuelto famoso en toda la región el hecho de que Bush «no sabe nada sobre Latinoamérica» y «no tiene la misma red de contactos en la región que gobiernos estadounidenses anteriores».

«La primera vez que hablé con el Presidente Bush, mostró una actitud de no interferencia total» acerca de la defensa de los libres mercados y los valores democráticos, dijo Cardoso, y añadió: «Ya que nosotros no somos una amenazas, hemos sido consignados a la irrelevancia». Hoy en día, las expresiones de esas actitudes son comunes en la prensa de la región, y son motivo de preocupación para algunos expertos estadounidenses en Latinoamérica.

Para esos pensadores parece haber surgido un patrón en el cual Estados Unidos no acude al rescate de los amigos de la democracia y las políticas estadounidenses como Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia o Fernando de la Rúa en Argentina, aun cuando actúa para ayudar a derrocar a líderes a los que no puede soportar, como Aristide y el Presidente Hugo Chávez de Venezuela.

Roger Noriega, subsecretario de estado para asuntos interamericanos del gobierno de Bush, argumnta que nada pudiera estar más lejos de la verdad. Aunque «hemos tomado una decisión consciente de que no podemos rescatar a todos los gobiernos que se metan en problemas financieros», dijo en una entrevista telefónica desde Washington, «estamos comprometidos con promover y defender la democracia representativa en todo el espectro político».

Pero persiste un contraste con gobiernos anteriores. Cuando Jamil Mahuad, el presidente de Ecuador, fue derrocado en enero del 2000 por una coalición de grupos indígenas y oficiales militares, el gobierno de Bill Clinton dijo a los miembros de la junta que lo sucedió que el suyo sería un gobierno paria, privado de ayuda y reconocimiento. Como resultado, el poder pasó en cuestión de horas al vicepresidente, Gustavo Noboa, y a Estados Unidos se le atribuyó ayudar a preservar el orden constitucional.

Ningún mensaje de ese tipo parece haber sido enviado en abril del 2002, cuando líderes militares y empresariales en Venezuela derrocaron y encarcelaron brevemente a Chávez. En vez de ello, Estados Unidos argumentó que había renunciado, y apoyó al nuevo gobierno. Según resultaron las cosas, el nuevo gobierno colapsó al día siguiente, y Chávez regresó al poder. Pero aun cuando sobrevivió -más intransigente que nunca y sospechando de toda oposición- Estados Unidos fue visto en la región como si hubiera respaldado una intentona golpista.

Desde el inicio de la guerra contra el terrorismo, muchos en Latinoamérica han percibido que Washington se ha deligado de la región excepto cuando una crisis lo obliga a reaccionar.

«Este gobierno estadounidense ha estado mucho menos interesado en los asuntos latinoamericanos y caribeños que los anteriores», dijo Robert S. Gelbard, ex funcionario de carrera del Departamento de Estado que ocupó altos puestos en los gobiernos de Ronald Reagan, George Bush padre y Bill Clinton. «Está menos comprometido, involucrado y dispuesto a invertir energía política en el proceso de consolidación de la democracia».

El gobierno de Bush padre ayudó a organizar un embargo contra el gobierno que derrocó a Aristide en 1991, insistió en que el Presidente Alberto Fujimori de Perú convocara a elecciones después de que disolvió el congreso de Perú, y ayudó a negociar el fin de la guerra civil de El Salvador.

También creó un plan para ayudar a Latinoamérica a salir de sus crisis financieras, una postura que Clinton apoyó cuando México estuvo en peligro de colapsar a fines de 1994. Pero cuando Argentina implosionó en el 2001, el actual gobierno de Bush en gran medida permaneció al margen.

«Había un consenso de la comunidad internacional de que Argentina se había metido sola en un hoyo fiscal y no iba a poder salir sola simplemente vertiendo más préstamos y deuda sobre la cabeza del pueblo argentino», dijo Noriega al explicar esa política. «Pero están saliendo ahora ellos solos con nuestra ayuda, haciendo progresos y dando vuelta a la esquina». Estados Unidos presionó para que el Fondo Monetario Internacional reestructurara la deuda argentina, pero no ha proporcionado ayuda en efectivo.

Sánchez de Losada fue derrocado en octubre pasado por una coalición de grupos indígenas y laborales. El ex mandatario es un entusiasta defensor de los libres mercados que apoyó una guerra estadounidense contra las drogas que a muchos bolivianos les disgustó. Sin embargo después de que personalmente advirtió a Bush del creciente descontento en su país y solicitó 150 millones de dólares en ayuda de emergencia, Bolivia recibió sólo 10 millones de dólares.

«Hay mucho apoyo verbal, pero cuando se trata de hechos, el dinero no existió, y aún no ha aparecido», dijo Miguel Díaz del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, a quien en general le gustan las políticas de Bush en la región.

Como indican los casos de Argentina, Bolivia y Haití, la amenaza a la estabilidad hoy en día tiene poca semejanza con el clásico golpe militar latinoamericano. En vez de ello, el modelo es el de una protesta popular que obliga a un líder electo pero impopular (y en el caso de Aristide cada vez más autocrático) a renunciar.

Por ello aunque los líderes quizá ya no se tengan que cuidar de las barracas, tienen que preocuparse de ser arrojados del poder porque una ciudadanía impaciente espera resultados inmediatos de un estado débil con instituciones débiles. «Esa es una actitud extremadamente perturbadora, porque no proporciona incentivo para involucrarse en la política democrática» y «sólo envalentona y alienta a grupos que están más interesados en la violencia», dijo Michael Shifter de Diálogo Interamericano, un grupo basado en Washington.

En 1991, la Organización de Estados Americanos adoptó reglas para la acción cooperativa en un esfuerzo por asegurar que el giro hacia el régimen democrático se vuelva permanente.

Ahora, en Venezuela y Haití, el gobierno de Bush ha sido criticado por no apoyar esa política. En Haití, se enfocó más en desvincular a Aristide de las palancas del poder que en apuntalar la democracia con nuevas instituciones políticas y ayuda para la economía. «Piensan que han solucionado el problema deshaciéndose de un líder, cuando el problema es mucho más complejo» en Haití, dijo Arturo Valenzuela. «Mi temor es que lo que hemos hecho ahora es crear un Perón, que siempre estará ahí, para siempre».

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