AMPARO CHANTADA
El Estado a través de sus políticas publicas que tienen todas sus implicaciones espaciales (y regionales) localiza, controla, regula, «vigila», ordena, la población y los conflictos socio-territoriales, que son condiciones bases de la gobernabilidad y de la democracia.

Dentro de una economía de libre mercado, como el nuestro, que se da dentro de un crecimiento económico alto, con estabilidad macro-económica, reconocidos por todos los organismos internacionales, el espacio dominicano organizado por los procesos económicos propios de nuestra sociedad expresa procesos incluyentes y excluyentes, espacios privilegiados por las políticas públicas y otros, subestimados u olvidados de los cuales los primeros dotan al sistema de consistencia, cohesión y solidez, mientras que los segundos son causa de conflicto, violencia, contradicciones, desigualdades, que toman formas específicas socio-espaciales.

En una época donde prima el libre mercado, y lo público se redimensiona a una esfera del Estado mínimo, donde se sobre-estima lo privado y es la instancia prominente en la economía general, se requiere la capacidad de los organismos públicos de regir el territorio bajo políticas públicas que coadyuven a la empresa privada a dimensionarse en sus territorios de mercado, como son a su vez territorios de control público, donde al Estado le corresponde mediar y resolver las desviaciones e ineficiencias del mercado y de la economía, propiamente de los mercados respecto al orden público que se sustenta en el ordenamiento territorial.

Necesariamente el concepto de territorio es a su vez sinónimo de orden público y económico, de desarrollo y crecimiento económico, asimismo, debería referirse a la sustentabilidad. .

El Estado en si mantiene la relación ordenada entre la población, la economía, el mercado y el poder con el territorio. El Estado es capaz de predestinar a la población determinando límites y fronteras territoriales, sus usos y aprovechamientos, como toda forma de explotación de los recursos naturales, es el único con capacidad de ordenar el territorio para el sustento de la población y su economía y de establecer y definir la propia organización del territorio con base al desarrollo sustentable.

No obstante, al Estado y a sus organismos, según su composición, se le «olvidan» muchos aspectos de la vida social y económica al ordenar el territorio: la economía informal, la pobreza, la corrupción, las migraciones y la emigración.

La territorialización no es un proceso homogéneo, sino que conlleva aspectos que le van a diferenciar y a expresar como un ordenamiento heterogéneo, diferenciado, basado en las riquezas locales.

Estos procesos de heterogeneidad establecen relaciones sistémicas orgánicas, y como tales en un orden jerarquizado, de manera ordinal, lo que determina un orden social y territorial propio a nivel local.

De ahí que la región establece fronteras socio-culturales que separan los espacios de lo nacional por elementos que sin caer en chauvinismos, hablan de lo particular y diferente de la referencia entre lo local y lo nacional. El Cibao es diferente a la región Sur y al Este de República Dominicana, que no son regiones, como tal, sino territorialidades.

La tormenta Noel abre una reflexión poca entendida en nuestro sistema político, ya que otra vez cuestiona la centralización político-administrativa, la polarización económica y el «ordenamiento territorial» que se deriva de esa situación insostenible para la administración y la gestión de los recursos naturales y sobre todo de la población. Para que se pueda hablar de catástrofe social y no natural, se parte de la población afectada, de sus condiciones de vida y sobre todo de su localización en el territorio nacional.

Ahí está la «sombra» de la actuación del Estado en el territorio, que afecta a determinados grupos sociales, determinados territorios, exponiéndoles a riesgos inconmensurables por su condición primera, de excluidos de la economía formal.