Lisboa,  EFE. El Gobierno portugués aprobó ayer un drástico recorte de entidades y puestos directivos en la administración pública, con el que pretende adelgazar la estructura del Estado y ahorrar en torno a cien millones de euros.

  El Consejo de Ministros  ejecutó las ya anunciadas reformas del aparato del Estado, que superan las exigidas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio del rescate financiero luso.  

Según el gobierno, estas medidas supondrán una reducción del 38 % de las “estructuras orgánicas” en la administración central y de un 27 % de altos cargos.   Estas cifras se concretarán en la desaparición, como tal, de 162 entidades públicas (direcciones generales, órganos consultivos, secretarías generales) y de 1.712 puestos directivos, anunció el ejecutivo.

  Portugal pasará de las 361 “estructuras orgánicas” dependientes de la administración central con las que cuenta hoy a 224 en un plazo de dos meses, una cifra que incluye la aparición de 25 nuevas entidades, algunas de ellas fruto de la fusión de organismos.   La plantilla de altos cargos superiores e intermedios, por su parte, se reducirá de los 6.286 actuales a 4.574.   El secretario de Estado portugués de la Administración Pública, Hélder Rosalino, explicó que la decisión de acometer un amplio recorte como éste se debe a “la urgencia de reducir costes y hacer que el Estado sea más eficiente».   “Hay que ajustar la dimensión del Estado a su propia capacidad de financiación”, dijo.