Hoy 
Una prevista intervención de tropas extranjeras hacia el otro lado de la frontera y en dirección a pandillas criminales mejor apertrechadas que las fuerzas regulares haitianas, lleva a algunos preocupados analistas locales a vaticinar estampidas hacia el lado dominicano. Un estado de guerra de impredecibles consecuencias para uno y otro país a partir de la habitualmente débil contención al tráfico de inmigrantes.
La posición del Estado dominicano ante la comunidad internacional, a la que ha reclamado poner orden en el Haití colapsado, es la de permanecer al margen de toda operación in situ sin permitir siquiera que su territorio juegue algún papel para a llegada y actuaciones de los interventores.
En adición a que este país permanezca excluido de las maniobras militares que desde el exterior alcancen su espacio adyacente, debe recibir garantías de que sobre sus límites geográficos no habría efectos colaterales de ninguna especie. Si se va a Haití a poner control, las actuaciones tienen que evitar que cualquier agravamiento subsiguiente de la violencia sobrepase la frontera.
Un éxodo calamitoso y de agresión a cargo de forajidos en fuga hacia esta cercana soberanía no es un precio a pagar por República Dominicana que ha sido la primera en proponer ejercicios de autoridad multilaterales para poner fin a la crisis haitiana y la más preocupada por lo que sobrevendría de aquella anarquía intestina.
