La promesa hecha al FMI de “flexibilizar” la tarifa eléctrica, es decir, elevarla para que refleje los costos, es apoyada por unos empresarios y objetada por otros. Entre quienes la apoyan están los presidentes del Consejo de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla; el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Manuel Diez Cabral, y el de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Miguel Roig. Pero la objetan los presidentes de la Asociación de Industrias  de Herrera y el de la ONEC.

El bondadoso sonido de la palabra  “flexibilizar” se escuchó como un trueno cuando el   Gobierno y el FMI anuncian “flexibilizar la tarifa eléctrica”, aumentarla.

Y esta probabilidad encuentra a unos sectores a favor y a otros en contra.

A favor están los  presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), de  la Asociación de Industrias (AIRD) y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

En contra la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo (AEIH) y cuanto menos los economistas José Luis de Ramón y Apolinar Veloz.

Los primeros la califican de señal positiva. El presidente del Conep, Lisandro Macarrulla, considera que la tarifa debe  transparentar los costos reales de producción de  ese servicio. Pero que  esos costos  no sean   encarecidos por  ineficiencia operativa o de otra índole y mucho menos contener subsidios cruzados que penalicen a los sectores productivos.

Y el presidente de AIRD, Manuel Diez Cabral, consideró que el acuerdo en la carta de intención del Gobierno y el FMI es  una señal de despolitización del servicio eléctrico.

“Hemos dicho que si los precios de los combustibles se han despolitizado, si suben y bajan semanalmente de acuerdo al mercado internacional y a los elementos internos de dichos precios, también es posible aplicar un esquema similar en las tarifas del servicio eléctrico, de modo que el subsidio dedicado al sector disminuya gradualmente y eventualmente desaparezca”, indicó Diez Cabral.

El presidente de ANJE, Miguel Roig, declaró que esta de acuerdo con  flexibilización de la tarifa eléctrica que aplicará el Gobierno, ya que esto se refiere a reflejar la realidad del sistema eléctrico.

En contra  En cambio, los presidentes  de la ONEC y de la AEIH, Pedro Pérez y Manuel Cabrera, coincidieron en oponerse a aumentos en la  tarifa eléctrica por considerar que la economía aún está deprimida y persiste la  ineficiencia en los cobros de la electricidad.

Pérez expresó que cuando se habla de flexibilización de tarifa eléctrica quiere decir que se va a aumentar la tarifa.

Agregó que  hablar de aumentos en estos momentos, cuando la economía está deprimida y todavía no ha mostrado signos evidentes de recuperación, sería agregarle mayores costos.

 Sin embargo dijo que se debe apoyar en los esfuerzos que realiza la CDEEE para minimizar los fraudes que se producen.

“La actual tarifa que se paga es muy alta. “La solución más fácil es vamos a aumentar tarifa, entiendo que ante de recurrir a esa opción se aumentar la cobranza”, destacó Pérez.

De su lado Cabrera señaló que es importante mejorar la calidad del servicio eléctrico y destacó que mientras en el país continúe el problema de que no se puede cobrar el 50% del consumo energético no habrá soluciones.

“Aquí no se puede seguir teniendo el sistema eléctrico como un botín político”, dijo el presidente de los industriales de Herrera.

Medida fiscal con impacto en precios

Los economistas José Luis de Ramón y Apolinar Veloz  expresaron su oposición al acuerdo sobre la tarira eléctrica contenido en la carta de intención convenida entre el gobierno y el FMI, en el entendido de que constituye una medida fiscal que afectaría los precios.

Para José Luis de Ramón, “las decisiones relacionadas con el aumento de la tarifa de electricidad deben calificarse como fiscales”, y dijo que “su único propósito es disminuir las trasferencias del gobierno al sector eléctrico”.

Plantéo que “el aumento tarifario en  nada apoya a los esfuerzos de recuperación de este sector, ya que no le deja más recursos a su disposición”.

“El país tiene que acabar de darse cuenta que, sin inversiones muy sustanciales en el sector de distribución y con una férrea decisión política de que todos paguen su factura eléctrica,  el déficit del sector eléctrico continuará eternamente, pagando los de siempre, aumentando el resentimiento ante la falta de consecuencias por no pagar; Y distrayendo recursos del presupuesto de la nación que deberían ir a educación o a salud, a financiar fraudes y beneficios extraordinarios”, explicó.

Por su lado, Apolinar Veloz consideró que la decisión del Gobierno es inapropiada, porque antes de flexibilizar la tarifa, deberían  corregirse una serie de distorsiones que tiene el sector, lo que nunca  esta administración ni las anteriores han hecho. 

Advirtió que  con la flexibilización de la tarifa, los  altos costos que van  a enfrentar las empresas y los  gastos que van a tener las familias serán muy altos, lo cual va a tener  un impacto bastante importante en el presupuesto familiar y en los costos de las empresas. 

“Eso puede obligar de alguna manera a que el incremento de costo que sufren las empresas tendría que ser enfrentado de alguna manera con una flexibilización del tipo de cambio, porque de la única forma que es posible garantizar cierta competitividad de las empresas es a través en el corto plazo de aumentar el tipo de cambio, lo que es imposible visualizarlo en la política cambiaria que tiene la presente administración”, explicó.

Previó que surgirá   un proceso inflacionario cuando la tarifa sea más alta.

Las claves

1.  Argumentos a favor

Los empresarios que apoyan el acuerdo de la carta de intención creen que la flexibilización de la tarifa contribuiría a transparentar los costos  y a despolitizar al sector eléctrico.

2.  Argumentos en contra

Los empresarios que se oponen a la flexibilización lo hacen en el entendido de que esto lo que significa es que se van a aumentar las tarifas  en vez de hacer énfasis en los cobros de la energía y en un momento en que la economía está deprimida.

3.  Opinión de economistas

José Luis de Ramón y Apolinar Veloz se oponen al acuerdo porque entienden que la medida tiene un corte fiscal y que va a impactar en los precios. Particularmente,  Veloz cree que la política anunciada aumentará los costos de las empresas, lo cual tendría implicaciones cambiarias.