Se ha incrementado el número de estafas a gente ingenua con trucos financieros organizados con asombrosa maestría, donde decenas o cientos de ciudadanos que han acumulado ahorros, frutos de muchos años de arduo trabajo y sacrificios, dentro y fuera del país, encaminan procesos legales que, amparados en nuestro debilitado sistema judicial, se van desvaneciendo hasta que los afectados pierden la esperanza de recuperar sus dineros, lo que hace necesario buscar un freno definitivo a las estafas colectivas en ventas de inexistentes inmuebles y trucos piramidales.
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El sicariato ha tomado fuerza en la República Dominicana, juntamente con una aparente disminución del costo del “servicio”. No nos asombremos si, en vez de pagar grandes sumas por asesoría legal, los afectados con fraudes financieros asociados con inmuebles y/o maniobras piramidales, formen un fondo común y paguen para que un sicario se haga cargo de cualquier indolente abusador de gente honrada.
Depende de la gestión policial y judicial si logran devolución completa de los fondos sustraídos y condenas ejemplares, que no sea necesario el ajusticiamiento sumario a ningún estafador.