JERUSALÉN (EFE).- La recomendación de la fiscalía general del Estado israelí de procesar por corrupción al primer ministro, Ariel Sharón, puede complicar la aplicación de su plan de «desconexión» de la franja de Gaza y parte de Cisjordania.

La fiscal general del Estado israelí, Edna Arbel, presentó ayer al asesor jurídico del Gobierno, Menajem Mazuz, un borrador con la recomendación de procesar al primer ministro por un delito de corrupción y soborno por parte de un empresario de la construcción.

Sharón es sospechoso de haber favorecido en sus negocios inmobiliarios a un contratista de su bloque derechista Likud, David Apel, y también en un frustrado proyecto para la adquisición de una isla griega en el mar Egeo para convertirla en un centro turístico.

Apel prometió un jugoso contrato por tres millones de «shekel» (un equivalente a 700.000 dólares) como «asesor» a un hijo de Sharón, quien niega haber sabido de ese acuerdo entre Apel y su hijo Guilad, o haberse aprovechado de su influencia para impulsar ese proyecto ante el alcalde de Atenas, que visitó Jerusalén en julio de 1999.

La decisión de procesar al primer ministro depende ahora de la resolución del asesor jurídico Mazuz, quien estudiará el caso y deberá decidir si acepta, o no, la recomendación de la fiscal general del Estado para encausar a Sharón.

Su decisión, no obstante, no se producirá hasta dentro de un mes, dicen los analistas, tiempo en el que se analizará el material incriminatorio contra Sharón, quien era ministro de Exteriores en el ejecutivo de Benjamín Netanyahu cuando se produjo el supuesto soborno.

Pero los observadores destacan que ni siquiera la decisión de Mazuz aclarará el futuro político del Gobierno israelí porque la legislación de Israel es poco clara para estos casos.

Los juristas han explicado que existe una laguna sobre qué hacer en un expediente como el que hoy domingo ocupaba todos los titulares de la prensa local, y recuerdan que la ley básica que rige el funcionamiento del Gobierno israelí no obliga expresamente al primer ministro a dimitir o suspender sus actividades por el hecho de quedar a disposición de la justicia.

En estas circunstancias, algunos comentaristas señalaban que en caso de procesamiento Sharón podría dimitir por presión pública y porque alguna ONG recurriera a la Corte Suprema.

Pero otros recordaban un caso anterior en 1976 que no llevó a la dimisión del jefe del Gobierno, entonces Isaac Rabin, quien se mantuvo apartado de la gestión pública mientras era juzgado.

A Rabín le hallaron ese año una cuenta bancaria en Estados Unidos cuando la ley israelí prohibía la tenencia de moneda extranjera.

La cuenta estaba a nombre de su mujer, Lea, y tenía su origen en un período en el que Rabín había sido embajador en Washington, lo que legalmente justificaba la apertura de la cuenta.

Aún así, y por presión pública, el después asesinado primer ministro decidió apartarse de sus funciones hasta el final del juicio, período que se prolongó unos meses y en el cual su correligionario y rival Simón Peres ejerció como primer ministro suplente.

Peres también llevó al Partido Laborista en las elecciones generales ese mismo año, y las perdió al nacionalista Menahem Beguin, del mismo Likud que hoy preside Sharón.

Fue, sin embargo, Rabin quien, una vez declarado culpable pero a la vez absuelto de un agravante de deshonor, entregó el gobierno a Beguin.

Analistas políticos señalan que «el ejemplo Rabin» y las consecuencias legales de la dimisión del jefe de Gobierno -habría que volver a elecciones a un año de las últimas- hacen improbable una renuncia por parte de Sharón, y a lo sumo esperan un alejamiento temporal de sus funciones como hizo su antecesor laborista.

La pregunta es cuál de sus «vices» se haría con el Ejecutivo y las consecuencias para la prevista evacuación de Gaza, porque mientras Ehud Olmert, también ministro de Industria y Comercio, apoya las ideas de «desconexión» de Sharón, su rival en Exteriores, Silván Shalom, sólo las ha aceptado a regañadientes.