Organizaciones, miembros de la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, entre las que se encuentran la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) Participación Ciudadana,  Centro de Gobernabilidad y Gerencia Política y la Fundación Democracia y Libre Empresa coincidieron en señalar que desde el Gobierno se ha pretendido distorsionar la preocupación expresada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en torno  a las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Precisaron que en ningún momento la entidad que agrupa los empresarios ha cuestionado la existencia de la facultad que posee el Presidente de la República a observar las leyes, aunque reconocen que  sí criticó, “con absoluta razón”, que esta facultad se ejerza irrespetando de manera clara las disposiciones constitucionales, interpretando según su conveniencia las condiciones para ser  juez del Tribunal Constitucional  y propugnando por  la aprobación de leyes orgánicas por mayoría de la mitad más uno de los presentes en cada cámara, cuando la Constitución dispone que este tipo de leyes deben ser “aprobadas o modificadas” por las dos terceras partes de los presentes en el hemiciclo.