Posición responsable

Posición responsable

En Haití ha estallado una sangrienta revuelta, caracterizada por graves indefiniciones, y esta ocurrencia ha hecho que algunos países e instituciones hayan vuelto la mirada hacia la República Dominicana, el vecino más cercano que tiene esa paupérrima nación.

Se nos ve como refugio por excelencia para proteger a todos los haitianos que huyan de la violencia, de la guerra civil en ciernes, y sobre todo, de la agudización de la miseria y el hambre que sofocan a ese país.

En los hechos -que no de derecho, como se pretende- la República Dominicana ha fungido como un refugio para los haitianos. La solución más a la mano para sus problemas existenciales es cruzar la frontera hacia el Este para desempeñar tareas agrícolas, en la construcción o, simplemente, para mendigar y tener acceso a servicios públicos que no les son garantizados en su territorio.

Pero una cosa es ser receptor de inmigración furtiva e indocumentada, que aceptar el establecimiento en el territorio nacional de refugios que entrañarían para el Estado Dominicano la obligación de invertir recursos que no se tienen a la mano para mantener estos centros. Bajo ninguna circunstancia, y menos en las actuales, podría el país hacerse cargo de semejante empresa.

En algunos círculos interesados hay predilección por interpretar como antihaitianismo o racismo esta actitud, cuando en realidad la oposición a servir de refugio es aplicable al caso de todo extranjero afectado por dificultades como las que afectan en estos momentos al pueblo haitiano.

Consideramos que en esta materia el Gobierno ha asumido una posición responsable, pues el país no está en condiciones de establecer campos de refugiados como los que pretenden algunas instituciones de servicio social y miembros de la comunidad internacional. Las exposiciones recientes del secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Guerrero Prats, y el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general José Miguel Soto Jiménez, ponen en claro las dañinas implicaciones que eso tendría para el lado dominicano.

[b]-II-[/b]

Las circunstancias actuales son propicias para que de una buena vez el Estado Dominicano haga los esfuerzos necesarios para adecuar su legislación y los instrumentos de vigilancia en materia migratoria, y debe hacerlo sin tomar en cuenta a aquellos que nos recriminan cuando ejercemos nuestros derechos soberanos y repatriamos a extranjeros indocumentados.

Hay que hacer valer la premisa de que Haití y República Dominicana son dos estados independientes y soberanos, cada uno con constitución y legislación propia y que el hecho de que compartan una misma isla no merma en ninguna forma la individualidad de cada Estado.

En buen castellano, esto quiere decir que cualquier concesión o restricción en el plano jurídico tiene que apegarse a los conceptos de soberanía nacional, una condición inalienable e indelegable. Quienes hayan interpretado en su justo sentido las declaraciones del teniente general Soto Jiménez comprenderán también por qué hay que emplearse en una mejor definición de nuestras reglas en materia de migración.

Haití, sus condiciones de pobreza e inestabilidad en todos los órdenes, son una real amenaza para la República Dominicana que debe ser neutralizada sobre la base de encaminar acciones que persigan, castiguen y supriman las contrataciones irregulares de mano de obra para la agricultura y la construcción, como se hace actualmente. Establecer centros de refugiados en territorio dominicano para acoger a los haitianos que huyen de la circunstancia particular que es la lucha armada, aparte de agravar nuestros problemas financieros, conduciría, tarde o temprano, a que también aceptemos como elegibles para merecer refugio a quienes en su territorio se sientan acosados por la otra violencia, que es la ancestral miseria que ha afectado permanentemente a los habitantes de ese pueblo.

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