Aun el gobierno no ha presentado su propuesta de reforma fiscal cuando economistas, expertos tributarios, organizaciones empresariales, las academias, think tanks y los partidos políticos de oposición han tomado partido, unos a favor de la reforma, otros en contra y se han propuesto modelos de reformas y esquemas de modificaciones tributarias.

Tratando de abrirnos paso en este fuego cruzado de opiniones en una primera simplificación podríamos decir que hay profesionales y la oposición que rechazan de partida la reforma fiscal por considerar el gobierno exhibe una baja calidad del gasto; se habla de despilfarro y se comparan periodos actuales con anteriores, para concluir que con simplemente mejorando la calidad del gasto es innecesaria la reforma.

Una variante de esa posición sostiene que con la eliminación de las exenciones (es bueno recordar que alrededor del 50% es ITBIS), reduciendo la evasión que en promedio en las principales figuras impositivas ronda el 50% y disminuyendo las pérdidas de las EDES que ronda los US$1,600 millones anuales tampoco es necesaria la reforma fiscal.

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También hay sectores que favorecen la reforma fiscal pero condicionándola, como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, a una ley de responsabilidad fiscal que garantice el aumento de las recaudaciones no se los trague el gasto corriente y a la vuelta de un par de años de nuevo el déficit fiscal ronde los 3.0-4.0% actuales.

He sostenido en varios artículos desde hace años la necesidad de mayores ingresos para reducir gradualmente el déficit fiscal y lograr superávit primarios (gasto total menos intereses de la deuda) crecientes para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

El pago de los intereses de la deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) para este año asciende a RD$263,816 millones, equivalentes al 3.0% del PIB y 25% de las recaudaciones tributarias, mientras el presupuesto para este año del BC contempla pago de intereses por sus instrumentos financieros por un monto de RD$144,272 millones.

Metodológicamente no es correcto sumar ambos intereses porque los del gobierno se pagan con los ingresos fiscales y los del BC con emisión monetaria; por supuesto para evitar inflación y devaluación una parte importante debe neutralizarse aumentando el stock de instrumentos financieros en una especie de esquema ponzi que no colapsa porque los bancos centrales no quiebran, pero sus costos financieros crecen de forma sostenida en la medida que aumenta la deuda y los compradores de estos instrumentos exigen mayores tasas a las ofertadas por otros entes del mercado.

La reducción gradual del pago de intereses de la deuda pública y procurar una solución de largo plazo a la deuda del Banco Central, con aportes fiscales y medidas de control internas, podría justificar una reforma fiscal, pero de nuevo el gobierno tendría que enviar señales claras de una mejoría en la calidad del gasto, que no significa una reducción, sino liberar recursos para dirigirlos a sectores claves para disminuir la inequidad social.

El gobierno tendrá que “afinar el lápiz” con su proyecto de reforma fiscal, pues aunque dispone de la mayoría congresual para imponerla, necesita de legitimidad y esta viene de la mano con una propuesta que no impacte el ITBIS a los bienes de la canasta básica, tampoco recargue más a la clase media y se comprometa con un gasto de calidad para liberar recursos a la inversión de capital, necesaria para el desarrollo y mantener estímulos a la economía, para no depender de los esteroides monetarios.