Positiva rectificación gubernamental

JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La opinión pública debe ponderar positivamente la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el contrato firmado con la empresa The Sun Land Group para suministrar equipos a la Policía Nacional por 132.4 millones de pesos, anunciada el pasado viernes por el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa.

Esa rectificación beneficia al Gobierno por múltiples razones, la mayor de las cuales es que evita que se materialice una operación onerosa para la nación en términos casi sin precedentes, por la magnitud de la sobre valoración de los vehículos, motocicletas, computadoras, inversores, baterías y otros equipos incluidos en la contratación.

También es positiva por cuanto le evita a la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción y a la Procuraduría General de la República la disyuntiva de jugarse su prestigio o tener que desaprobar el contrato y proceder judicialmente contra sus responsables.

Un tercer beneficio neto es que el Gobierno da una importante muestra de atención a las críticas y reclamos de una parte de la opinión pública que rechazó enérgicamente los términos de la contratación, especialmente a Clave Digital, el semanario Clave, los diarios HOY y El Día, así como la doctora Milagros Ortiz Bosch, al diputado Pelegrín Castillo y al movimiento Participación Ciudadana.

A la doctora Ortiz Bosch, el titular de Finanzas le debe una reparación moral por la forma tan ríspida y desconsiderada con que había rechazado su crítica al contrato, que de cualquier forma deja mal parados a sus progenitores y promotores, incluyendo a las cámaras legislativas que lo aprobaron sin miramientos y a algunos medios de comunicación que quisieron defenderlo aún después que se había demostrado su infame dimensión.

Queda el daño moral generado por los promotores de este contrato y el descrédito institucional que conllevan las actuaciones turbias que abonan el ambiente de descomposición y corrupción predominante en el país.

La rectificación gubernamental deja mal parados a los legisladores de ambas cámaras congresionales que aprobaron el contrato después de las graves objeciones que les formulara la opinión pública, especialmente a los diputados que lo hicieron sin siquiera agotar el reglamentario procedimiento de la comisión de estudios.

Su actuación sólo sirvió para abonar el criterio de que todo se compra y se vende en la sociedad dominicana. Si los compradores adelantaron pago con cuenta a la contratación, esta vez habrán perdido, lo que debe ser otro motivo de celebración.

Fue muy contradictorio que los diputados acogieran ese contrato turbio en la misma sesión legislativa en la que aprobaban la nueva ley sobre compras, contrataciones y concesiones del Estado, la que instituye mecanismos llamados a reducir el tráfico de comisiones, o la corrupción.

Se ha dicho que se procederá a llamar a un concurso público para contratar los equipos que requiere la Policía Nacional, lo que debe hacerse a la mayor brevedad. Seguro que se conseguirán los mismos equipos a mucho menor costo y para ser recibidos a corto plazo.  

Después de esta rectificación gubernamental sería coherente que también se suspenda el otro contrato grado a grado recién enviado al Congreso, que ya se ejecuta ilegalmente, mediante el cual se traspasan a una empresa privada responsabilidades que corresponden a la Dirección General de Bienes Nacionales, como la de vender inmuebles del Estado o cobrar deudas pendientes.

Si fue necesaria una ley para “capitalizar” las empresas del Estado, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones mediante rigurosos procesos de licitación o concursos públicos, es contradictorio que no se siga el mismo procedimiento tratándose de funciones legalmente atribuidas a un organismo del gobierno central.

El trámite de la concesión es más injustificable y contradictorio si se tiene en cuenta que desde el pasado 1 de junio rige el decreto 63-06 emitido por el presidente Leonel Fernández, el cual establece concursos públicos para las compras y contrataciones del Estado.

En este otro contrato resalta también la falta de transparencia cuando, además del pago de comisiones, el Estado se compromete a cubrir los costos de los procedimientos, y de honorarios profesionales, así como a avalar los financiamientos por montos indeterminados en que incurra la beneficiaria del contrato.

Todo eso mientras esta misma semana el padre José Luis Alemán, abogaba ante la Cámara Americana de Comercio por “una mayor transparencia del manejo de los ingresos y gastos públicos y por la neutralidad e impugnabilidad de licitaciones de contratos e inversiones públicas”…