PUERTO PRINCIPE  (AFP) .- Las autoridades haitianas anunciaron este viernes una nueva postergación de las elecciones, ilustrando las dificultades de Haití para encontrar la estabilidad dos años después de la caída del presidente Jean Bertrand Aristide. «No existe ninguna de las condiciones objetivas para la realización de las elecciones» del 8 de enero próximo, afirmó Pierre Richard Duchemin, en una conversación telefónica con la AFP, aunque aclaró que hablaba en su condición de miembro de la CEP, pero no en su nombre.

«No estamos en condiciones de garantizar elecciones honestas y creíbles», dijo Duchemin, responsable del registro electoral en el CEP.

«Las condiciones políticas estás teñidas de confusión y hay una falta de voluntad manifiesta del gobierno provisional de darle al proceso más transparencia», estimó Duchemin.

Este viernes la policía informó que tres técnicos electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) –un peruano, un guatemalteco y un haitiano– fueron secuestrados el jueves en un barrio de la capital por desconocidos.

Los técnicos, que participaban en la organización de las elecciones, fueron secuestrados cerca del barrio marginal Ciudad Sol, controlado por grupos armados. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, condenó el plagio.

La semana pasada, el presidente del CEP, Max Mathurin, había solicitado unos días para evaluar la factibilidad técnica de las elecciones presidenciales y legislativas del 8 de enero. Desde entonces, las declaraciones de los dirigentes haitianos no dejan dudas sobre una nueva postergación, la cuarta en un año.

Las elecciones, inicialmente programadas para el 13 de noviembre, fueron postergadas sucesivamente al 20 de noviembre, el 27 de diciembre y 8 de enero.

Cerca de una semana antes de la primera ronda electoral, bajo supervisión de ONU, las autoridades no consiguieron distribuir a los 3,5 millones de electores inscriptos un carnet de identidad biométrico, hecho en México, que les permitiría votar.

La OEA, a cargo del operativo, fue responsabilizada por el secretario general del CEP, Rosemond Pradel, quien la acusó de violar su compromiso de entregar los carnets electorales antes de fin de año. Un lote de 200.000 carnets están todavía fuera del país. Además, los funcionarios electorales haitianos e internacionales no se pusieron de acuerdo sobre la identificación de 809 centros de votación y sobre la composición del personal habilitado para seguir el desarrollo de los comicios en más de 8.000 centros.

Frente a esta incertidumbre, el presidente provisorio Boniface Alexandre y el primer ministro Gérard Latortue han manifestado su deseo de que el Consejo pueda establecer un calendario «más realista», sin precisar una nueva fecha.

El encargado de asuntos económicos de Estados Unidos en Haití, Timothy Carney, llamó a la CEP a «tomarse tiempo antes de presentar otro calendario», reconociendo que el proceso electoral era «complejo en un país que ha conocido estragos mortales en el plano político, social y económico».

En una evaluación del proceso electoral, el Consejo Nacional de Observación de las Elecciones de Haití (CNO) denunció por su parte «fuertes fallas capaces de cuestionar la legitimidad de las elecciones». Además, expresó «serias preocupaciones sobre la capacidad del CEP y de actores internacionales de organizar elecciones creíbles en la fecha prevista del 8 de enero de 2006».

Esta crisis electoral podría convertirse en una crisis política en momentos en que aumentan las protestas contra el gobierno. Algunos partidos políticos que participan en la contienda electoral amenazan con demandar ante la justicia al Consejo Electoral por graves perjuicios debidos a las numerosas postergaciones, y protestan contra «la influencia extranjera en el proceso electoral».

Otros exigen la renuncia del gobierno como «sanción» a la crisis electoral. Un grupo de 20 partidos, miembros del Consejo Nacional de Partidos Políticos, reclamó la salida de Gérard Latortue y la formación de un gobierno de unidad nacional encargado de organizar las elecciones 90 días después de su toma de funciones.