La política migratoria del Estado ha sido coherente, sostenida y frontal al demandar que los organismos internacionales se ocupen de la crisis de Haití.

El presidente Luis Abinader y el canciller han planteado de forma sostenida en diferentes foros internacionales que República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis y el desorden en que se encuentra el país vecino.

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La ONU y la OEA han dejado al pueblo haitiano a la suerte de las bandas criminales, del terror, la corrupción y del tráfico de armas y de droga que controlan Haití. Ahora se habla de seminarios y talleres para entretener y disuadir la presión.

La constitución dominicana y las leyes de migración son claras en la deportación de todo ilegal en el territorio que no cumpla las normas de trabajo, de salud y control migratorio.

Diferentes provincias del país se encuentran con cordones de hacinamiento haitiano, en condiciones de arrabalización, sin higiene, salud, agua potable, ilegales y sobreviviendo bajo las normativas de su propia cultura y estilos de vida del subdesarrollo crónico del siglo XX y XIX.

Los haitianos tienen dificultad en adaptarse, asimilar y adquirir los hábitos, costumbres, valores y normas de otras culturas y estilos de vida. Países como Chile, Brasil, EE.UU., especialmente en la Florida y Orlando, optaron por deportarlos de forma masiva debido al desorden, violencia y desafío a la convivencia organizada.

El presidente Abinader ha impulsado un mayor control migratorio a través de: las deportaciones contra los ilegales, los servicios sanitarios, control de las parturientas y el negocio con las haitianas embarazadas, además de la mano de obra ilegal en los negocios chinos.

Se realizó una cumbre con los expresidentes buscando el apoyo y otra propuesta frente a la migración ilegal, la presión internacional y la indiferencia de los organismos internacionales frente a las bandas haitianas que asesinan, torturan, trafican con armas y drogas en el pueblo haitiano.

El ejército de Kenia no ha podido controlar ni garantizar el orden político, ni el desorden, ni el caos, ni los asesinatos y torturas de las bandas.

La República Dominicana vive con el riesgo de la migración ilegal masiva de haitianos, incluyendo psicópatas y criminales que han escapado de las cárceles en Haití y de bandas que pasen al territorio dominicano.

Sin embargo, la actitud y las demandas de los sectores económicos y empresariales en República Dominicana, que ocupan la mano de obra haitiana: sector turístico, construcción, agrícola, ganadero, etc. , repito, la actitud es ambivalente, de poco o ningún compromiso frente a las normativas de carnetización y regulación laboral para el pago de impuesto, de seguro médico y contrato de trabajo con los haitianos que necesitan o demandan su servicio laboral.

Se necesita la mano de obra haitiana para activar y sostener el dinamismo económico en diferentes renglones, pero ¡por Dios! seamos transparentes, humanos y coherentes en aplicar las normativas de contratos de trabajo vigente en las leyes dominicanas.

En Argentina, Chile y Brasil todo emigrante ilegal tiene que pagar por los servicios de educación, salud, techo y otros servicios, demandas y regularizaciones del país donde vive. Y, ni la OEA, ni la ONU, ni la unión europea les impone, ni se mete en su normativa migratoria.

Apoyemos al Estado, pero seamos coherentes y propulsemos una práctica migratoria fuerte, transparente y de normativas claras.