Potestades de la administración pública en materia de política deportiva

Uno de los puntos más críticos en el ámbito del sistema deportivo nacional son las tensiones que a través del tiempo-unas veces en forma subrepticia y otras veces declarada-han aflorado entre la administración pública del deporte y la organización del deporte privado.

Este pugilato ha tenido su leitmotiv en la resistencia del sector olímpico frente a las potestades del principal organismo deportivo de la administración pública. Al deporte federativo que es subvencionado con recursos públicos, le corresponde el rol de estrecho colaborador de las políticas deportivas estatales.

Un aspecto de la problemática que será necesario aclarar dentro del sistema democrático, es la separación de lo público y lo privado, tanto en nuestro marco jurídico-deportivo como en el campo práctico, para evitar que algunas entidades se atribuyan funciones que no les competen.

Se deberá afincar el concepto de Administración Pública que ejercen organismos gubernamentales que accionan por medio de actos sucesivos, en cumplimiento de los fines del Estado dentro de la Constitución y las leyes.

Las autoridades del Ministerio de Deportes, desde el principio procuraron un franco acercamiento con la dirigencia olímpica como parte del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo, propuesto por la cartera, que además integra a otros organismos públicos y privados siguiendo los lineamientos de la Ley 1-12 de la END y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Las relaciones parecían abocarse a un periodo de paz y armonía, con la realización de varias reuniones cordiales en los locales de ambos organismos, pero últimamente desde el COD se han lanzado sorpresivos emplazamientos y fuertes ataques a través de los medios de comunicación los cuales lucen fuera de contexto.

Parece que no se ha entendido bien que la ley dice textualmente que “la acción deportiva oficial corresponde al Ministerio de Deportes y Recreación, y que es la entidad encargada de organizar, dirigir, regular y ejecutar todas las actividades deportivas.

Aunque se debe procurar un mayor equilibrio, la alta competencia ha sido la más beneficiada de los recursos distribuidos por el Ministerio de Deportes. En ningún momento pese a las restricciones presupuestarias se le han recortado sus asignaciones, sino todo lo contrario.

El Ministerio de Deportes no puede dejar de cumplir con una serie de requerimientos al sector olímpico como parte de su responsabilidad como órgano de la administración pública en materia de transparencia y fiscalización.

El organismo oficial está en el deber de aprobar las subvenciones previa presentación anual de sus Planes, Programas y Presupuesto por Objetivos; las federaciones también deben acordar con las áreas técnicas y administrativas del Ministerio de Deportes, la planificación del entrenamiento de cada periodo olímpico; el funcionamiento de acuerdo con el Plan Estratégico Federativo, aprobado por el Ministerio de Deportes, y cumplir a cabalidad con la rendiciones de cuentas de los fondos asignados.

El COD debe ser consciente que no debe manejarse como un organismo supraestatal de confrontación, sino actuar como el principal colaborador de la política deportiva oficial.