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San Juan (EFE).- El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico respaldó hoy un proyecto de ley que lo autoriza al traslado de extranjeros confinados en las cárceles estatales y federales hacia su país de origen.
La legislación propuesta es necesaria para lograr la aplicación en la isla de tratados multilaterales y bilaterales que Estados Unidos mantiene con distintos países, declaró Liza Fernández, presidenta de la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Fernández sostuvo que EEUU mantiene esos tratados para permitir el traslado de prisioneros que cumplen sentencias en el extranjero hacia el país de procedencia.
Actualmente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación sólo puede lograr acuerdos con algunos de los estados norteamericanos mediante autorización federal, para trasladar convictos en instituciones estatales.
El proyecto, que no implica el uso de fondos públicos, podría ser considerado la próxima semana en la sesión legislativa de la Cámara para luego pasar a la consideración del Senado.
«Cada año en Puerto Rico, cientos de inmigrantes residentes se declaran o son hallados culpables de cometer delitos ante nuestros tribunales», señala la ponencia del Departamento de Corrección.
La propuesta legislativa, promovida por el Procurador del Ciudadano «Ombudsman», surge a raíz del incendio ocurrido el 7 de marzo de 2005 en una cárcel de Hig~ey, República Dominicana, donde murieron 135 confinados, entre ellos dos puertorriqueños.
No obstante, la aprobación de esa ley no aplicaría por el momento a reos extranjeros en la República Dominicana, porque el país caribeño no ha completado el trámite de firmar un acuerdo a esos efectos con Estados Unidos.
Los tratados bilaterales han sido firmados entre Estados Unidos, Bolivia, Canadá, Francia, México, República de Palau (en el Océano Pacífico), Panamá, Perú, Tailandia y Turquía, entre otros.
Los dos tratados multilaterales son conocidos como la «Convención Europea sobre el Traslado de Personas Sentenciadas» y la «Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero».
