Puerto Rico atraviesa una situación de incertidumbre después de que el Gobierno rechazara el acuerdo alcanzado entre los acreedores y la entidad de control impuesta por Estados Unidos para intentar reducir la millonaria deuda de la isla.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
El acuerdo anunciado el fin de semana entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Estados Unidos, y los tenedores de una deuda pública impagable de más de US 70,000 millones supone reducirla en un 70 %, lo que, según analistas, abre un panorama con final incierto.
El acuerdo, a pesar de contar con el aval de la JSF, deberá pasar ahora por la barrera de las cámaras legislativas de la isla caribeña -en principio reacias al acuerdo- y de la jueza federal Laura Taylor, responsable del proceso de reestructuración de la deuda.
La incertidumbre en el panorama institucional no ayuda a la economía de la isla caribeña, muy castigada tras más de una década de caída, a lo que suma la devastación de miles de millones de dólares provocada por el huracán María de septiembre de 2017 y los terremotos de enero pasado.
Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), señaló que la JSF ha apostado todo su prestigio a este acuerdo y que se sabía que ambas partes, tanto acreedores como pensionados, iban a tener que rebajar sus expectativas consecuencia del acuerdo.