Las autoridades de Puerto Rico rechazaron ayer la determinación de la Comisión Europea (CE) de incluir a la isla en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que se trata de un “asunto de la Unión Europea” y se remitió a un comunicado difundido al respecto por el tesoro federal. A su vez, advirtió, en una conferencia de prensa, que desde la isla se va a “seguir trabajando con los estándares más rigurosos para que no exista ninguna modalidad de crimen organizado».
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, y el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se mostraron en contra de la inclusión de la isla en dicho listado. Y advirtieron en un comunicado que el Gobierno de Puerto Rico “cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir dicha práctica».