SAN JUAN, Puerto Rico
AP
Puerto Rico anticipa ser objeto de múltiples demandas a medida que parece inevitable una declaración de incapacidad de pagar bonos de deuda, declaró el viernes el gobernador Alejandro García Padilla.
El gobernador dijo que espera que los jueces tomen en cuenta la crisis económica y humanitaria de la isla cuando consideren los litigios. Aclaró que desde el año pasado ha advertido que el territorio no podrá pagar los 470 millones de dólares que vencen el domingo. La isla lleva una década sumida en una profunda crisis económica, con una deuda de 70,000 millones de dólares que según García es impagable y se debe reestructurar.
Más de 422 millones de dólares de la deuda son para bonos emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, que enfrenta una severa falta de liquidez. El banco ofrece préstamos y supervisa las transacciones de deuda de la isla. “El 1 de mayo es importante porque podría significar el fin del Banco Gubernamental de Fomento”, dijo Vicente Feliciano, economista y consultor en San Juan. Bajo el actual estado de emergencia del banco, se permiten retiros sólo para financiar servicios necesarios de salud, seguridad pública y educación. El banco además enfrenta una demanda de fondos de inversiones a fin de impedirle pagar a ciertos acreedores y perdonar deudas. Los legisladores estadounidenses se han demorado en aprobar una propuesta que permitiría a Puerto Rico reestructurar su deuda. García recientemente firmó una ley que le permitiría declarar una moratoria de deuda. Se estima que el gobernador hará eso el lunes, si es que no se llega a un acuerdo con los propietarios de bonos. Aun así Feliciano advirtió que una moratoria no resolverá la crisis. “Se necesita una solución”, comentó. “Mientras más tarde, peor será para la economía. Se reduce la base impositiva y hay menos recursos para repartir”. Feliciano y otros economistas no anticipan otras consecuencias aparte de las demandas una vez que se declara una moratoria de deuda. Pero si un tribunal ordena al gobierno pagarle a sus acreedores, ello podría conllevar el corte de servicios públicos. “Eso no se puede evitar, es una posibilidad real”, expresó. Los acreedores acusan al gobierno de exagerar la crisis a fin de evitar futuros pagos, como uno de 780 millones de dólares que vence el 1 de julio, que incluye bonos de obligación general y que están garantizados por la constitución.