La calidad de la enseñanza de matemática en nuestro país es pésima.  Las evaluaciones que hacen las universidades a los estudiantes de nuevo ingreso arrojan resultados decepcionantes. Es una consecuencia de varios factores, entre ellos  el hecho de que en las designaciones de docentes para esta asignatura el clientelismo  político ha tenido generalmente mucho más peso que la capacidad técnica. Lo nocivo de esta práctica se revela en las calificaciones de los estudiantes. En febrero de este año, la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, se alineó a la corriente que sugería contratar profesores extranjeros de varias asignaturas, principalmente matemática, para enfrentar este problema.

 Los profesores José García y Carlos Valdez, de UNAPEC, recientemente  propusieron  a las autoridades  desterrar el clientelismo político en la selección de docentes  de matemática y  fiscalizar el trabajo de quienes imparten la asignatura. Ellos están hablando de un problema de larga data. En 1997, un estudio regional situaba a la República Dominicana en el octavo puesto entre los que tenían mayores deficiencias en la enseñanza de matemática. Para entonces, el aprovechamiento de los estudiantes criollos era de apenas 38.6, y eso  ha cambiado poco. Eliminar el clientelismo político en la selección de los docentes sería un aporte valioso a la calidad de la enseñanza de la matemática.

COMO TIENE QUE SER

La ley que protege a niños, niñas y  adolescentes es muy clara al advertir que una menor de edad no está en facultad de consentir una relación carnal con un adulto y, en tal virtud, si el acto se consuma se inscribe en violación o abuso sexual. Basada en esta premisa, la procuradora fiscal de San Cristóbal, Diomerys Soto Valdez,  ha decidido investigar los casos de  1,811 adolescentes que, según los registros del hospital Juan Pablo Pina, han resultado embarazadas en su demarcación en el lapso  abril-junio de este año.

Este proceder de la fiscal Soto Valdez, que parece excepcional, es en realidad lo que tienen que hacer los fiscales de todo el país ante los casos de embarazos y violaciones de menores de edad. No cabe el consentimiento en una relación de ese tipo. El procurador general de la República debería “bajar línea” para que los fiscales a nivel nacional procedan en consecuencia.