Un día de mayo de mi adolescencia provinciana escampaba un aguacero en un lugar en el cual coincidí con el doctor Livio Peña López, prominente médico, político y munícipe distinguido de la sociedad sanjuanera. A pesar de mi inmadurez política de esos años, casi a “quema ropas”, le recriminé que su Partido Revolucionario Social Cristiano se fusionara al entonces Partido Reformista. Le dije que muchas veces perdí mi tiempo escuchándole discursos contra el doctor Balaguer y que ahora él se convertía en su socio. Su respuesta fue contundente y breve, dijo: “mi hijo, en política el pragmatismo es inmoral”. El tiempo le ha dado la razón, el pragmatismo ha legitimado cualquier acción, sólo importando los resultados, le ha abierto las puertas al oportunismo y a la irresponsabilidad. Permitiendo acuerdos entre los más disímiles individuos, donde sólo importa que los intereses coincidan.

Lo antes planteado quiero me sirva para abordar una situación entre dos funcionarios públicos que han tenido una guerra mediática, el doctor Julio Santana, Director General de DIGENOR, y la licenciada Altagracia Paulino, Directora Ejecutiva de PRO-CONSUMIDOR, situación creada por que esta última actuó contra algunas plantas de expendio de GLP que fueran sorprendidas estafando a los consumidores, quién sabe desde cuándo, sin que la DIGENOR haya actuado. Paulino, apoyada en la Ley 358-05, que como ley supletoria establece que si las autoridades sectoriales competentes no actúan en defensa de los consumidores, ella tiene la facultad de hacerlo.

Santana dirige DIGENOR desde hace años y el pueblo no conoce que ha hecho a su favor, creo que el hombre prudente lleva en la vida las palabras ancladas junto a sus hechos.

 Quizás el pragmatismo inmoral de la política lo sustente en el puesto, por ser un dirigente la Fuerza Nacional Progresista, aliado al partido de gobierno; hecho que pudiera convertirlo en un funcionario inamovible, no obstante haber dado muestra de querer favorecer a los que  estafan al pueblo mediante el expendio irregular de GLP.

Santana ha presentado dos propuestas de borrador de Reglamento para la regulación del expendio de GLP. En uno, propone que sólo sean intervenidas las plantas de GLP cuando la mitad más uno de los dispensadores muestren irregularidades, lo que legalizaría el fraude para el 50% de los dispensadores, sin que sea posible ninguna sanción legal, planteamiento al que Altagracia se opone. La otra propuesta  es aún más permisiva, deja sin sanciones a los que cometan violaciones a la Constitución en su Artículo 53, a las leyes 602-77, 358-05 y al artículo 423 del Código Penal, en materia de derechos de los consumidores.

Altagracia aún muy joven abrazó la defensa de los consumidores, desde la sociedad civil y a través de los medios de comunicación. Posee una sólida formación en Derecho de Consumo, desde la década de los 80, cuando estudió en Israel; ha continuado estudiando e investigando a nivel de maestría y participando en la mayoría de los eventos internacionales sobre el tema, por lo que es una  de las personas más  competentes para hacer el trabajo que realiza. Sin embargo, más que su formación, lo que la acredita para realizar este trabajo es el compromiso social que ha ejercido por años, como dice un pensador, “el hombre es lo que hace y no lo que dice ser”.

La sociedad reconoce a Altagracia, como honesta y responsable; tiene una trayectoria basada en principios y valores, ha creído que un mejor país es posible, construye ciudadanía y como dice el poeta Bertolt Brecht “ha luchado toda la vida”, por lo que pertenece a la raza de los que él reconoce como “los imprescindibles”. Es un activo de la sociedad, un baluarte de dignidad y moral,  en momentos que en los valores humanos están en extinción, aprovechémosla. Ojalá que el pragmatismo político no se le imponga al compromiso social.