Hoy 
RAFAEL TORIBIO
Antes, cuando cada partido representaba un Proyecto de Nación diferente, porque estaba adscrito a una determinada corriente ideológica, la actividad política tenía como objetivo esencial la búsqueda del poder para realizar ese proyecto desde el Estado. Cada ideología representaba una concepción sobre la persona, la sociedad y el Estado, así como la forma más pertinente de la organización social y del poder político, en procura de lograr el desarrollo material y espiritual de cada persona. El poder se concebía como el medio para lograr ese noble fin.
Lamentablemente, en la actualidad la política ha perdido ese significado original y justificador, y los partidos políticos evidencian una orfandad ideológica que los hace a todos parecidos, cuando no iguales, mostrando, en el mejor de los casos, solo diferencias programáticas. Los políticos, por su parte, han preferido la renuncia al compromiso que supone la defensa de una ideología, para adscribirse al pragmatismo que recomienda decidir y hacer sólo lo que sea conveniente.
Según el Diccionario de la Real Academia, el pragmatismo como corriente filosófica pregona que el único criterio a tener en cuenta para juzgar de la verdad de toda doctrina, o la idoneidad de una decisión o acción, debe ser sus efectos prácticos, lo que, en principio, no es negativo. En el marco de la acción política, el pragmatismo recomienda tomar las decisiones y realizar las acciones que son exigidas o sugeridas por la propia realidad, fijando la atención en los resultados. Si estos son beneficiosos para los objetivos perseguidos deben ser aceptados como válidos, con independencia de cualquier otra consideración.
Desde los griegos sabemos, avalado por el tomismo medieval, la sabiduría oriental y las evidencias de las experiencias cotidianas, que lo razonable está en situarse en el justo medio, separándose de los extremos. Una dosis de pragmatismo que tenga en cuenta las exigencias de la realidad y la preocupación por los resultados prácticos, es tan necesaria como conveniente en todas las actividades del ser humano, sobre todo en la política. Pero la aceptación solamente de lo que imponen las circunstancias, que normalmente responden a los interese de los poderes fácticos o a compromisos contraídos, renunciando en ocasiones a lo que antes se había defendido, es un pragmatismo exagerado que termina siendo un vil oportunismo.
La aceptación de la realidad y sus condicionamientos, y dentro de ellos tratar de lograr lo que es posible, permite hacer algunas cosas, pero impide hacer otras. Un pragmatismo degenerado renuncia a lo que debe hacerse para sólo hacer lo que puede hacerse. Se prefiere la seguridad de los resultados posibles, por la renuncia al riesgo que conduce a los deseables. Y esto es lo que, lamentablemente, han venido realizando nuestras clases dirigenciales, en especial, la política: el éxito de una decisión, o de una gestión, la han hecho depender de la aceptación de lo que permiten las circunstancias y los poderes fácticos.
Por la práctica de un pragmatismo así entendido, degenerado siempre y salvaje en ocasiones, es que desde el gobierno se hace, casi siempre, solamente lo que es políticamente rentable a corto plazo. Así, se sustituyen prioridades, hay preferencia por el asistencialismo en vez de la ejecución de políticas sociales, la lucha contra la corrupción se lleva sólo hasta ciertos límites, se complacen solicitudes depredadoras provenientes de poderes fácticos, la firma de un pacto termina siendo una forma de lograr una tregua, las decisiones con algún costo político se dejan para que sean tomadas por el próximo gobierno y se está siempre dispuesto a una negociación cuando los intereses del Estado y de los ciudadanos aconsejan otra cosa.
El reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD nos revela que la sociedad dominicana tiene un nivel de desarrollo que no se corresponde con la disponibilidad de recursos económicos que ha disfrutado. En los últimos 52 años tuvimos un crecimiento económico promedio anual de 5.3% del Producto Interno Bruto, cifra no alcanzada por ningún otro país en América Latina en igual período. Sin embargo, los avances en términos de desarrollo humano han sido muy limitados, cuando se han dado, permaneciendo enormes déficits en renglones tan importantes como salud y educación. Además, las reformas institucionales necesarias para un Estado más eficiente y más responsable esperan ser ejecutadas desde hace muchos años.
Los recursos económicos, que han sido cuantiosos, fueron orientados a otros objetivos, no a la inversión en el desarrollo de las personas, ni a la realización de las reformas institucionales necesarias, permanentemente pospuestas. ¿Por qué? Quizás porque eso era lo que aconsejaba ese pragmatismo degenerado y a veces salvaje: hacer sólo lo que es conveniente y posible en cada momento.
Con recursos económicos disponibles suficientes, preferimos gastar o invertir en otras prioridades, y no en el desarrollo humano. Permitimos la consolidación de un Estado concebido como patrimonio, basado en el clientelismo, ineficiente e irresponsable. ¿Seguiremos padeciendo un pragmatismo que aconseja hacer sólo lo que es conveniente y rentable a corto plazo, o nuestra clase dirigencial, en especial la política, preferirá asumir el riesgo de realizar las inversiones necesarias en el desarrollo humano y las reformas institucionales pospuestas? Esperemos que sí. Tengo el temor, sin embargo, de que el pragmatismo siga posponiendo las grandes decisiones y las reformas institucionales necesarias y urgentes.
