El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) calificó ayer pobres y complejas  las medidas adoptadas por el presidente Leonel Fernández a favor del sector agropecuario.

Dijo que su propuesta de 500,000  tareas de tierras estatales resultan innecesarias, tras señalar que los grandes y medianos productores,  las asociaciones de pequeños agricultores y parceleros de la reforma agraria, cuentan con tierras suficientes para duplicar la producción nacional, siempre que se les eliminen impuestos, trabas, dispongan de financiamiento y del apoyo requerido.

El presidente del PRD, Ramón Alburquerque, y el secretario general,  Orlando Jorge Mera,  dijeron que es penoso que al Presidente  le tomara cuatro años darse cuenta, que la modernización del campo requiere de invernaderos y sistemas de acopio como el Merca Santo Domingo, que de haberse terminado sería hoy la garantía alimentaria del país.

 Al evaluar en todas sus partes  las medidas anunciadas por el  mandatario, durante una conferencia de prensa, en la Casa Nacional del PRD, el partido opositor  se refirió a las medidas anunciadas por Fernández  de un  aumento salarial a los empleados públicos, la  focalización del GLP, el aumento en cantidad y dinero de la tarjeta solidaridad, la reducción de los sueldos  y funcionarios del gobierno, la disminución en el gasto público, entre otras.

Destitución. El PRD consideró que el presidente Fernández  perdió la brillante oportunidad de inaugurar un nuevo estilo de gobierno basado en la moral pública, destituyendo a funcionarios envueltos en escándalos de corrupción “como el desayuno escolar, la concertación del préstamo con la Sun Land, a los violadores de la ley de austeridad, y a funcionarios corruptos que construyen palacios de lujo con los dineros del pueblo.

No obstante, frente a todos estos casos, prefirió guardar silencio sepulcral”.

Manifestó que el mandatario omitió referirse a los US$130 millones de dólares de la Sun Land, equivalentes a RD$4,200 millones.

 Salarios. Dijo que los asalariados del sector privado quedaron cabizbajos porque fueron ignorados.

 Entiende que el presidente Fernández se burló de los guardias, policías, maestros, médicos y demás empleados, condenados a los más bajos ingresos, ya que el aumento del 15% que hizo el gobierno, no cubre ni siquiera el 25% del alza en la canasta básica familiar. Consideró que el aumento debió ser un 30%.

Calificó tímidos los aumentos a las tarjetas solidaridad y consideró que la única reducción justa a los sueldos de los funcionarios sería del 50 y 75%, porque nadie debe ganar en el país más de RD$300,000 mensuales.

Asimismo, el  PRD dijo que el discurso del presidente Fernández  encubró las nóminas y nominillas.

Martínez Moya duda Leonel cumpla

El titular de  la secretaría de Asuntos Económicos del PRD, Arturo Martínez Moya, dudó que el presidente Fernández cumpla con las promesas de su discurso. 

Declaró que para creer  que la nómina será congelada se debe abrir  una cuenta en el Banco de Reservas o el Banco Central. Con esto se podría tener el control de la promesa oficial.

Atribuyó la crisis actual al  exceso de gasto del gobierno para el presidente Fernández lograr su reelección en las pasadas elecciones.

“Todo ese ajuste que le impone a la sociedad es el costo de la reelección”, manifestó Martínez Moya al ser entrevistado por Juan Bolívar Díaz y Fausto Rosario, en el programa Uno+ Uno por Teleantillas.

Dijo que es cierto que el incremento del petróleo en los mercados internacionales contribuye en algo a la actual crisis, empero, citó el caso de Costa Rica donde, expresó, también sucede lo mismo, pero con la diferencia  que tuvo excedente presupuestario. “Este gobierno no lo tuvo por la reelección”.

Martínez Moya consideró que el presidente Fernández en su discurso confirmó los  excesos de sus gastos durante la campaña, cuando señala que buscará reducir los gastos en RD$20,000  millones.

Asimismo, Martínez Moya denunció que el gobierno no le está pagando a nadie.

Dijo que por el excesivo gasto al que ha incurrido, la cartera de Obras Públicas tiene un retraso en el pago a contratistas e ingenieros que prestan servicios al Estado.