Toda democracia necesita de oposición y disidencia. Sin eso, el gobierno está prácticamente a su libre albedrío para afinar la acción gubernamental.

Pero oposición en democracia no significa simplemente oponerse a las iniciativas del gobierno o apoyar acríticamente la acción gubernamental cuando conviene, sino construir alternativas explicativas de los problemas y propuestas para enfrentarlos.

Una de las deficiencias de la democracia dominicana actual es la precariedad de la oposición partidaria encarnada por el PRD. Se opone o se escurre, sin construir alternativas interesantes para alimentar otro imaginario político.

Antes de 1978, los partidos de oposición, con el PRD a la cabeza, se aglutinaban en torno a la crítica al balaguerismo represor y clientelista.

Después de 1978, el PRD comenzó a parecerse al balaguerismo en la forma clientelar de distribuir los recursos públicos. Pero el clientelismo, para ser algo democrático, debía tener mayor radio de acción y satisfacer demandas de las distintas facciones perredeístas.

Esto generó grandes pugnas en el PRD, porque todos los líderes con aspiraciones políticas asumían como un derecho hacer oposición en su mismo partido si no lograban el poder deseado.

José F. Peña Gómez era el rey mediador. De todas maneras, el partido se desgastaba en sus luchas intestinas.

A pesar de las utopías socialdemócratas que Peña Gómez impulsaba, el gobierno de Salvador Jorge Blanco evidenció que el faccionalismo perredeísta no expresaba diferentes corrientes ideológicas, sino una lucha brutal por control del Estado clientelar.

Pero sin un árbitro efectivo para mediar entre las demandas clientelistas cada vez más extensas y la gestión pública, el PRD ha producido desde el poder fuertes distorsiones económicas como en 1983-85 y 2003-04.

El gobierno de Hipólito Mejía evidenció aún más claramente el problema histórico-estructural del PRD.

Conocedor de las pugnas internas en ese partido, Mejía, sin contar con la ayuda de Peña Gómez muerto, decidió hacer una distribución clientelar casi perfecta entre las distintas facciones perredeístas.

El modelo mantuvo la organización en relativa armonía mientras hubo cierta bonanza económica.  Pero la distribución clientelar comenzó a enfrentar problemas por la desaceleración económica que produjo los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el intento reeleccionista atropellador de Mejía a partir de 2002.

Similar a lo que ocurrió en el gobierno de Jorge Blanco, la conjunción de un extenso clientelismo en medio de constreñimientos económicos, y la carencia de un líder con capacidad de articular con cierta coherencia las políticas públicas en el Estado clientelar, produjo el rápido deterioro del gobierno de Mejía.

Después de la derrota de 2004, a pesar de todos los seminarios realizados, la dirigencia del PRD ha sido incapaz de asumir las consecuencias de sus problemas y reorganizarse.

Sigue predominando un faccionalismo brutal entre los dirigentes, y el partido no logra articular una visión alternativa de gobierno desde la oposición, a pesar de su arraigo popular.

Esa historia de faccionalismo ha dificultado también el surgimiento de un líder supremo, al estilo de Joaquín Balaguer o Leonel Fernández, que aglutine las fuerzas políticas de manera más duradera.

Peña Gómez nunca pudo gobernar y Mejía, en su atolondramiento, fracasó en el intento de articular un liderazgo caudillista estable.

Actualmente, el PRD se encuentra empantanado en la confrontación entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, ante una dirección partidaria que no logra mediar ni resolver los impases.

El empantanamiento prevalecerá hasta que se decida el tema de la reelección en la nueva Constitución, que podría rehabilitar electoralmente a Mejía.

De aprobarse más reelección, el PRD pasará del empantanamiento actual a la guerra intestina, lo que resultará muy favorable al gobierno.

Mientras tanto, el PRD está incapacitado para ejercer responsablemente su papel de partido opositor, como ha evidenciado su zigzagueo con respecto a la Cumbre que patrocina el gobierno.