PRD emplaza Interior y Policía liberar cuentas cabildo SDO

PRD emplaza Interior y Policía liberar cuentas cabildo SDO

El secretario nacional de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Pedro Richardson, emplazó ayer al Ministerio de Interior y Policía a liberar RD$43 millones pertenecientes al ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, retenidos en violación a las leyes 86-11 y 176-07.

Richardson estableció que la retención de los fondos es una acción ilegal en virtud de que la ley 86-11 dispone la inembargabilidad de los fondos públicos, a menos que se haya producido una sentencia definitiva y que aún en ese caso lo que manda la ley es que en el presupuesto del año siguiente al fallo judicial definitivo, la entidad del Estado atienda el compromiso pendiente.

Richardson estableció que en el caso de unos ingenieros que demandan un pago de 2 millones de pesos por la construcción de una funeraria municipal, los pagos no han sido dispuestos por la administración del alcalde Francis Peña debido a recomendaciones de la Contraloría General de la República, que considera el ritmo de los trabajos no amerita nuevos pagos.

“La retención de los fondos por parte de Interior y Policía debe ser corregida de inmediato porque es ilegal, al devenir en un embargo de fondos públicos, y porque con tal acción se despoja a ese ayuntamiento de los recursos necesarios para realizar sus actividades cotidianas en beneficio de los pobladores de ensanches, barrios y sectores que conforman ese populoso municipio”, puntualiza Richardson en declaración ofrecida a través de la Dirección de Prensa del PRD.

El dirigente del PRD, además director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, dijo que la retención o embargo de los fondos es también violatoria de la ley 176-07, sobre autonomía municipal, que el primero en respetar y hacer respetar debe ser el Ministerio de Interior y Policía, como ente del Estado que opera junto a los ayuntamientos.

Demandó del Ministerio de Interior y Policía que cumpla con la legalidad, y que contribuya así a fortalecer la institucionalidad nacional y a los gobiernos locales en favor de los munícipes.

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