POR ROSA ALCANTARA
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) intimó mediante acto de alguacil al Poder Ejecutivo para que se abstenga de promulgar el contrato que autoriza al gobierno a emitir una carta de crédito por US$30.0 millones, para la construcción de dos plantas que operarán con  carbón.

El partido opositor expone en la instancia ocho razones por las que solicita al Presidente Leonel Fernández que no promulgue el contrato.

El PRD cita que en esa ley hay violaciones a los Términos de Referencia de la Limitación elaborados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), también a los contratos firmados,  sobrevaloración de costos en el Contrato de Sicuani,  los combustibles representan  entre el 60% y 70 %  de los costos de operación  y mantenimiento de las plantas a carbón,  pago a Sicuani con plantas  apagadas, igual  que Smith and Enron y Cogentrix.

Argumenta que  la CDEEE devuelve  las garantías de  construcción   y operación comercial, hay violación  a la Ley General de Electricidad y la Corporación  puede ser demandada por las compañías perjudicadas por postprivilegios  otorgados a Emirates Pawer  y Sicuani.

En la instancia firmada por su presidente  y secretario general,   Ramón Alburquerque  y  Orlando Jorge Mera, respectivamente,  el PRD considera “los  peores contratos  jamás firmados en la historia del sector eléctrico  de la República Dominicana, incluyendo  la Hidro Québec Sofati, Smith and Enron y  la Cogentrix”.

En cuanto a supuesta violación de los términos de referencias presentados  por la CDEE, el PRD señala que ésta ofertaba comprar el 50% de la energía instalada  y luego la Schuan presentó  una oferta del 100%   a US2.57 centavos, apartándose de los presentados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

Agrega el PRD que como  la propuesta  de Sicuani no cumplía con los TDR, ésta envía otra oferta, ahora  pidiendo la compra del  80%  a  US2.57 centavos de dólar.

Considera que esas propuestas no debieron ser aceptados debido a que violaban los términos de referencias originales.

Indica que luego de realizada la licitación  la CDEE  modifica el contrato con la Sicuani, para aumentarle la compra al 90 % de la energía  contratada  y  a un precio de US2.90 centavos de dólar. Otorgándole con ello  un privilegio  irritante  a  la Sicuani contra las demás compañías.

En cuanto a otras supuestas  violaciones de los contratos firmados, el PRD señala que   el artículo 16.3 establece que compañías depositarán  una garantía  de fiel cumplimiento para el inicio de las obras civiles equivalente a 10 millones de dólares si los trabajos no se inician en los primeros 90 días  y de 180 días  para las obras  electromecánicas. “Ni Emirates Pawer  ni Sicuani han depositado esas garantías”, expresa.

Afirma que en los contratos hay sobrevaluación, indicando que las  ofertas iniciales de Sicuani y Emirates Pawer eran de  comprar el 30% de la energía contratada a un precio de  US2.57  centavos de dólares  y  el contrato firmado  el 26  de Febrero del 2006, establece  un de US2.90 centavos de dólares  y un compromiso de compra por la CDEE del  50% de la Energía, luego  se modifica el contrato firmado para comprarle  el 90% de la energía  a US2.9  para Sicuani  y  al US2.97  para Emirates Pawer.

Sobre el suministro de los combustibles, dijo que la CDEEE está compelida a suministrar el carbón para la operación de las  plantas  representando esto una erogación  de entre US$15.0 y 23.0 millones  para  el Estado Dominicano.

Asimismo, critica  que en caso de que la generadora no pueda entregar la energía convenida debido  a causas atribuibles a la CDEEE,  con excepción de casos de fuerza mayor, o de que la Central no sea despachada por instrucciones del Organismo Coordinador, por razones de orden de mérito, la Corporación compensará  a la generadora   con  US$10.0 millones mensuales.

El PRD considera que los contratos violan la Ley eléctrica ya que ésta establece que la comercialización de la energía  deberá hacerse por intermedio de las distribuidoras en contrato con las generadoras o en su defecto sin contrato en el mercado spot.

Recientemente  la Cámara de Diputados, aprobó  la ley que  autoriza al Gobierno a emitir una carta  de crédito stand-by, por un valor de US$30 millones para garantizar el contrato de construcción de dos plantas en la provincia Montecristi, alimentada por carbón mineral.

  Ante las críticas y denuncias del PRD, el vicepresidente de la CDEEE,  Radhamés Segura dijo  que el partido opositor tiene motivaciones políticas y económicas y lo emplazó  a que presente ante el Ministerio Público las pruebas de corrupción que dice tiene el proceso de licitación de las plantas de carbón.

En tanto, el presidente de la Comisión de Deuda, el diputado Domingo Páez, asegura que la carta de crédito no constituye peligro alguno que comprometa las finanzas del Estado.