La falta de soportes físicos justificativos impidieron a la Cámara de Cuentas determinar el uso que le dio el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a RD$1,213 millones, de un total de RD$1,247 millones que le ingresaron en el período 2009-2012, según la entidad auditora.

No obstante, un estudio especial de los técnicos del organismo, evidenció que en ese período el PRD invirtió RD$349 millones en propaganda y publicidad; RD$129 millones en mítines, desfiles y otros eventos; y RD$28 millones en la Convención Extraordinaria.

Una nota de prensa enviada por el organismo regulador señala que en gastos generales y administrativos gastó RD$209 millones, incluidos más de RD$65 millones en sueldos y asignaciones; RD$8 millones en compra de boletos aéreos; alrededor de RD$5 millones en dietas y viáticos; RD$3 millones en donaciones; RD$4 millones en servicios prestados; RD$10 millones en servicios de telefonía y comunicaciones, y más de RD$9 millones en alquileres y otros.

MVM justifica. Los auditores dicen que no pudieron emitir una opinión sobre los ingresos y desembolsos del PRD entre el 1 enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 “debido a que no lograron obtener evidencia suficiente y apropiada”.

Refieren que el 12 de agosto de 2014 el presidente del PRD, Miguel Vargas, remitió una comunicación a la CC, informándole sobre la imposibilidad de entregar los comprobantes de gastos del partido para la auditoría.

En la carta, Vargas expresa que “con relación a los comprobantes de ingresos y egresos, no se han podido suministrar debido a que el 27 de enero de 2013 la Casa Nacional del partido fue asaltada por grupos políticos que destruyendo mobiliarios, equipos y documentos de los archivos de las áreas de organización, electoral y de las oficinas administrativas y financieras, donde reposaban entre otros los documentos de ingresos y egresos de las operaciones del partido, hasta enero de 2013”.

La respuesta de la CC. La Cámara de Cuentas recomendó al presidente del PRD instaurar un protocolo de reguardo, seguridad y monitoreo para las informaciones financieras, económicas y administrativas, tanto a los documentos físicos como electrónicas, para evitar perdidas de datos que resumen el manejo de los recursos públicos.

Señaló que en esa organización existen debilidades relacionadas con la operatividad del sistema de control y los componentes relativos, valoración y administración de riesgos, y en consecuencia procede observar las disposiciones de los artículos 47 y 54 de la Ley 10-04 de fecha 20 de enero del 2004.

El artículo 47 contempla la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos a la ley.