POR LOYDA PEÑA Y GERMÁN MARTE
El  Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideró ayer que las afirmaciones del presidente Leonel Fernández de que el préstamo de US$130 millones hecho al margen del Congreso Nacional fue una operación  absolutamente legal, comprometen definitivamente  su responsabilidad con el mismo.

Mientras diputados de la oposición  consideran que no ha habido forma de que el mandatario pueda justificar una violación flagrante a la Constitución de la República.

 Ramón Alburquerque y  Orlando Jorge Mera, presidente y secretario general del PRD, dijeron que   el presidente Fernández omitió detalles tan importantes como   los 19 pagarés   firmados por su puño y letra.

Cada una de esos pagarés es  por un valor de  US$6 millones 842 mil 105. También omitio _dijeron- la consulta que rindió el  jurista  Julio Miguel Castaños, en los términos de que el referido préstamo debía ser  aprobado por el Congreso Nacional.

Alburquerque dijo que esos pagarés están en manos de tenedores, comprometiendo  el crédito de la República Dominicana, ya que fueron adquiridos por los mercados de valores  bajo la responsabilidad exclusiva del mandatario, a través de la oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

 “En las respuestas dadas en la rueda de prensa en el Palacio Nacional, el doctor Leonel Fernández pretendió ser un ingenuo hombre de la calle, no el abogado y estadista que es, olvidando su condición de presidente cuya firma tiene la gran responsabilidad de tomar dinero prestado en monedas duras,  contra el crédito público de todos los dominicanos, hipotecando la suerte aún de los recién nacidos y de los que faltan por nacer”, dijo el presidente del PRD.

Agregó que con sus declaraciones el mandatario además aceptó soberanamente y con supremo “cinismo”, que mintió al Fondo Monetario Internacional (FMI), porque siguió tomando préstamos por encima de los acuerdos con el organismo internacional.

CONTINUARAN ACCION JUDICIAL

Orlando Jorge Mera dijo que las explicaciones dadas por el presidente  no satisfacieron las inquietudes del PRD ni llenó las expectativas del pueblo dominicano, porque Fernández no pudo demostrarle al país cómo se hicieron los pagarés 1 y 2 del  citado préstamo.

Dijo que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Crédito Público promulgada en enero de  2006, ese préstamo requería la aprobación del Congreso.

Con relación a la observación de Fernández  de que el PRD también había concertado préstamos  con la Sun Land y no se conoce la ejecución de las mismas, Jorge Mera dijo que esos préstamos  fueron aprobados por el Congreso.

Los dos dirigentes del PRD hablaron a través de la vía telefónica: Alburquerque, desde Nueva York, adonde viajó para dictar la conferencia “La Social Democracia y la Etica Política”; y Jorge Mera, desde la Casa Nacional del PRD.

LOS DIPUTADOS

Carlos Martínez, del Movimiento Dominicanos por el Cambio,  y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano, consideraron que las declaraciones del presidente no son más que una forma de defenderse ante un error cometido.

 Consideraron incomprensible que teniendo el PLD mayoría en ambas cámaras legislativas no haya enviado los empréstitos con la Sun Land para su aprobación, como establece la Carta Magna.

“La Constitución es clara, eso no admite ningún tipo de discusión. No hay que ser un filósofo, ni matemático o teólogo. Sencillamente, basta con saber leer e interpretar lo que dice la Carta Magna, que el Congreso está para aprobar los empréstitos del Estado”, dijo Martínez.

Para Castro Silverio, es una pena que el Presidente tenga que salir ahora a defender los cuestionados contratos, después que la población se llenara de dudas.

“En estos momentos, un sector importante de la población no cree en la defensa que hizo el Presidente”, dijo el legislador.

Manifestó que lo único que hizo Fernández fue defenderse de las acusaciones que se le han hecho por haber autorizado el contrato.

Dijo que las explicaciones del Presidente aparentan tener fundamento, pero para él, como diputado, se trata de una violación a la Constitución.

Afirmó que la sanción “debe ser un método para evitar que los gobiernos quieran hacer lo que les da la gana”.