PRD se opone propuesta Cámara Administrativa JCE

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POR ROSA ALCANTARA
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresó ayer su oposición a la propuesta de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), de contratar a una empresa privada responsable de entregar en cada recinto el mismo 16 de mayo los materiales electorales a cada presidente y secretario de los colegios electorales y la creación de centros de contingencia en las provincias de Santiago, Azua, Hato Mayor, entre otros.

El PRD, a través de su secretario general,  Orlando Jorge Mera, señala que su oposición es porque el procedimiento que se ha utilizado en elecciones anteriores garantiza una activa y permanente presencia de los organismos de la JCE y de los partidos políticos participantes, en el empaque como en su distribución.

Asimismo,  dijo que ve positiva la intención de poner en uso una urna que permita visualizar la introducción de las boletas utilizadas por cada sufragante. Sin embargo, cree que el diseño con tres caras transparentes y una sólida permitiría la permanencia de un ángulo ciego que haría invisible la introducción de las boletas de ciertas posiciones.

Propuso que el diseño de la urna sea con las cuatro caras y la tapa superior   transparentes y que además sea colocada sobre un pedestal o mesa de aproximadamente un metro de alto.         Con relación a la propuesta de crear un colegio electoral en las cárceles de La Victoria, Najayo y Rafey para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio a los ciudadanos privados de libertad, el PRD se opone a esa iniciativa por considerar  que la misma resulta violatoria del principio constitucional de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, ya que sólo se refiere a tres de los más de treinta recintos penitenciarios existentes en el país.

 Afirma  que la propuesta atenta, además, contra la emisión de un   voto libre de influencias, precisamente por tratarse de personas que están privadas de su libertad física en recintos administrado por la Dirección General de Prisiones, que es una dependencia de la Procuraduría General  y,   por tanto, del Poder Ejecutivo.

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