El Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo  es un escenario inhóspito y lleno de riesgos, donde los jueces, fiscales y abogados que administran la justicia se exponen a ser víctimas de cualquier agresión por parte de los imputados y sus familiares, así como por los querellantes.

Elementos básicos como un detector de metales, un ascensor para los jueces y fiscales y cámaras de seguridad no existen en la estructura y  la cantidad de agentes de la Policía Nacional en servicio no dan abasto para el número de personas que van al lugar.

Cada día los secretarios de las salas y los abogados atraviesan los pasillos de la edificación, repletos de querellantes y familiares de los imputados, con cientos de documentos importantes, dinero, armas de fuego y todo tipo de pruebas, pudiendo ser agredidos.