MIGUEL A. ROEDAN H.
Conversando hace poco con uno de los mejores y serios economistas del país y que es articulista de este prestigioso periódico, le comunicaba el lamento del pueblo que a diario uno escucha en emisoras de radio y televisión en sus características de interactivas y no se escuchan los que aportan ideas para tratar de resolver los grandes problemas nacionales que existen.

Hace más o menos 30 años, y estando en la ciudad de Santiago de Chile en calidad de hacer un postgrado en diplomacia después de haberme recibido de doctor en Derecho de la Universidad de Santo Domingo, noté en el sitio que acostumbraba a comprar vegetales y frutas, que en la puerta de cristal del mismo había un letrero que rezaba: cerrado por violación a la ley de precios, y firmaban Carabineros de Chile, por lo que tuve que pensar, lógico, que a ese cuerpo policial le estaba encomendado esta misión, y que la sanción era el cierre temporal del negocio.

Qué haríamos nosotros, si crear una nueva policía similar a la Nacional, saldría muy caro pues. Pues bien, la creación de AMET ha sido duélale a quien le duela una de las mejores que se han realizado en este país, pero su misión es lo del tránsito. La solución viene más abajo.

Todos sabemos porqué no se controlan los precios de los productos de primera necesidad existiendo creo, hasta hoy día la Dirección General de Control de Precios. Sabemos también que no hay la cantidad de inspectores para visitar los miles de negocios que existen en el país. Y nos preguntamos cada cuántos días al mes o al año un inspector hace presencia en esos comercios. Si no se hace con regularidad, y las visitas se hacen una vez al mes supongamos, cualquier establecimiento estaría en condiciones de sobornarlos cuando encontraren en falta a cualquiera de ellos y el soborno iría en proporción al tamaño de los mismos. Esta es una realidad como de que existe el sol.

Pero si se creara en cada Municipio, Distrito Municipal, ciudades, etc., Inspectores honoríficos de control de precios, es decir sin costo alguno para el Estado, se resolvería Ipso-Facto este problema, vital para mejor vida de los dominicanos y castrar de una vez por todas la violación de los precios de los productos de primera y por qué no, de segunda necesidad, que está elevando día por día, el alto costo de la vida, no tan solo de la clase pobre sino también de la clase media baja y media alta. ¿Cuántos inspectores en los municipios y en las ciudades?. Eso dependería de la extensión territorial. Por ejemplo, en Monte Plata en donde vive el autor de este trabajo, 25 inspectores; en la ciudad de Santo Domingo 2,000, etc., y nos preguntamos ¿qué negocio estaría en condiciones de sobornar a diario cuando lo visiten 5, 8, o 10 de estos inspectores?.

¿Quiénes se atreverían a embarcarse en esta misión tan loable y tan de vida?. Sería necesario que deben de estar empleados, tanto en la administración pública como privada, así como muchos por no decir miles, que están pensionados y por qué no, los profesionales que como yo soy abogado, pueden decidirse a aceptarlo y máxime de que muchos salimos, siendo hombres a hacer las compras mensuales o cuando se pueda a los colmados o supermercados; mujeres que trabajan y que son amas de casa también tendrían calidad de inspectoras. Es por esto que no se le puede tener miedo a la condición de honorífico. ¿Qué tiempo se tomaría para instruirlos?. Creo sin equivocarme de que para personas capacitadas, con dos o tres días bastarían y quizás menos.

Está bueno ya, de que usted vea un producto con un precio distinto en varios lugares. Está más que bueno de notar que algunos no tienen ni siquiera el precio etiquetado y que muchas veces la cajera tenga que mandar a preguntar a empleado su precio, arriba de la cara de uno. Por otro lado nadie nos hable de INESPRE, que fue creado para estabilizar los precios. Eso nunca ha funcionado. Así no se resuelve este asunto. Por lo que la idea está echada, como dijo el líder Julio César, refiriéndose a la suerte.

Este artículo lo teníamos en carpeta hace mucho tiempo, empero al tomar vigencia el tema de los controles de precios con la configuración de una fundación de protección al consumidor, según pude apreciar en su edición del día 7 de septiembre, le damos vigencia.