Hoy 
Reafirmando «respeto absoluto» a la prensa dominicana, tras un texto que se prestaba a interpretaciones de que tendría en agenda imponer límites a la libertad de expresión sin establecer diferencias entre quienes la ejercen profesionalmente, la Procuraduría General de la República desvirtúa lo que en un principio fue recibido en algunos círculos como preocupante amenaza a quienes tienen la tarea de informar a la sociedad. Ninguna actitud ni proceder anterior de quienes hoy dirigen este órgano del sistema judicial darían asidero a suponer en ellos la intención de violar o interferir la expresión de ideas. Sí podían, y es lo que explicaría lo sucedido, emitir con algún grado de ambigüedad que debieron haber evitado un pronunciamiento que ahora explican como esencialmente dirigido a defender la legalidad y justeza de los procedimientos que aplica institucionalmente.
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Como legítimos representantes de la sociedad es su obligación defender y usar potestades para librar de obstáculos que consideren intencionales a la sustentación ante cortes de cargos por supuestos actos de corrupción. Han subrayado contra las dudas que se refieren exclusivamente a los imputados al anunciar medidas cautelares para proteger procesos que en la realidad dominicana han emergido como históricos. Como histórico y de luminoso precedente resulta también que el Ministerio Público vaya adelante con la independencia, conquista de la nación, que exhibe y obligado a demostrar con hechos que sus escrutinios no están dirigidos a un único período gubernamental.
