Las estadísticas sobre muertes violentas ocurridas en Santiago destacan que en las mismas hay una acentuada influencia de la delincuencia y crímenes conexos con el negocio de las drogas. El Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago (VOSES) llama la atención sobre el aumento, año por año, del número de muertes violentas, pues mientras en 2006 se registraron 183 casos y  177 en 2007, en 2008 la cifra ascendió a 249 casos, es decir, casi el doble de las registradas el año inmediatamente anterior. La influencia de factores sociales como desempleo y falta de oportunidades sale a relucir entre las causas de este incremento.

Diagnósticos como el de VOSES han sido elaborados por otras organizaciones en varios puntos del país. Los indicadores de violencia han estado muy activos, alimentando los registros estadísticos sobre muertes. Santiago y otras demarcaciones afectadas por estos indicadores requieren una atención dedicada de las autoridades, para atacar de manera integral  todas las causas de violencia criminal.  Quienes diseñan programas de  seguridad ciudadana pueden encontrar información útil en estos diagnósticos para dar forma a métodos de prevención que contribuyan a disminuir la incidencia de la criminalidad en las  muertes. Los aumentos de casos  registrados por el estudio que referimos indican que algo  falla en la prevención.

A curar las debilidades

Todo el debate sobre el derecho a la educación por parte de extranjeros y a la nacionalidad dominicana debe dirigir nuestra atención hacia las debilidades que queremos compensar con medidas constitucionales impropias. La falta de controles migratorios rigurosos es lo que permite el ingreso y radicación ilegal en el país de numerosos extranjeros indocumentados, entre los que son mayoría los haitianos.

Nuestra atención tiene que dirigirse hacia los factores que permiten que operen sin reparos ni miramientos las complicidades de lado y lado de la frontera, y las que facilitan el ocultamiento de extranjeros indocumentados en territorio dominicano. También, debe enfocarse hacia la cada vez más abultada contratación de indocumentados para servir en labores agrícolas, construcción y otras actividades. La función más idónea es mejorar los controles migratorios y abandonar el afán de compensar su debilidad con decisiones objetables.