Por razones inexplicables, los legisladores parecen preferir la aprobación de financiamientos con organismos e instituciones privadas en vez de los concertados de gobierno a gobierno, como ocurre con varios negociados con España, los cuales duermen en las gavetas del Senado.

Según las averiguaciones, entre el paquete de préstamos pendientes -unos 19 en la Cámara Alta- los congresistas tienden a escoger aquellos ofertados por entidades privadas, tal vez sin reparar en la importancia de los que realmente están dirigidos al desarrollo nacional.

Entre los rezagados figuran en el Senado cuatro convenios firmados con España para ayuda al desarrollo de la República Dominicana.

Es el caso del convenio financiero suscrito entre el Estado dominicano y el Deutsch Bank Sociedad Anónima Española, por un monto de US$1,259,315.08, destinados al suministro de paneles y sistemas fotovoltaicos para proyectos de electrificación y bombeo con energía de la zona fronteriza.

El protocolo del convenio cursa en la comisión de Finanzas, que preside el senador perredeísta Alejandro Santos, de Salcedo.

También se encuentra engavetado en la misma comisión el convenio suscrito con la misma entidad financiera española y la Advance Software Technologies, S.A., por la suma de US$2,660,000, destinados al suministro de software y hardware para la organización, control, análisis e investigación para acceder a información en la base de datos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

También está engavetado en las comisiones de Finanzas y Fuerzas Armadas el convenio comercial por la suma de US$46.9 millones, suscrito con la empresa Riogersa, S.A., para la construcción y equipamiento de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas.

Este financiamiento fue concertado entre el Estado dominicano y el Deustch Bank, Sociedad Anónima Española.

Igual suerte corre otro préstamo por 140 millones de euros destinado a financiar proyectos prioritarios del gobierno dominicano, bajo la modalidad de Fondos de Ayuda al Desarrollo.

Este financiamiento concertado con el gobierno español se pagaría a un plazo de hasta 30 años.