Premeditación y alevosía.- Al leer la solicitud de medida de coerción a los once miembros de la Policía Nacional, oficiales incluídos, acusados de matar a cinco jóvenes en una plaza comercial de La Baranquita, en el municipio de Santiago, se confirma la peor de las conjeturas, pero también la mas obvia si tomamos en cuenta que esa institución estableció un patrón, una “política” frente a la delincuencia, al institucionalizar los intercambios de disparos: esos cinco jóvenes fueron asesinados a mansalva y sin darles oportunidad de defenderse. Ahora se sabe, gracias a la investigación realizada por los fiscales, que se trató de una operación bien coordinada y planificada y no de una persecución que terminó en un fatal enfrentamiento a tiros, versión en la que, desde el principio, nadie creyó. Y así lo ha confirmado la investigación del Ministerio Público, que señala que los informes de autopsia, toxicología, balística y análisis de residuos de pólvora revelan que las víctimas no dispararon ninguna arma de fuego, pero tampoco se encontraron residuos de sustancias controladas en sus organismos.
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Todo esto ocurrió, según la solicitud de medida de coerción, delante de un testigo que lo grabó todo, pero a quien los policías le incautaron su celular; posteriormente, y para tratar de borrar las evidencias de su crimen, recogieron los videos de las cámaras de seguridad de los negocios de los alrededores. Uno confía en que el Ministerio Público, que pide un año y medio de prisión para los imputados, pueda probar en un tribunal los hallazgos de sus pesquisas que comprometen la responsabilidad de los imputados, pero también establecer las razones por las cuales asesinaron a esos jóvenes con absoluta premeditación y alevosía. Eso le dará la oportunidad a nuestro sistema de justicia de sentar un precedente, de enviar el mensaje de que la sociedad dominicana no seguirá tolerando que la Policía Nacional acoja en sus filas a escuadrones de la muerte con licencia para ejecutar a presuntos delincuentes sin celebrarles juicio.