A veces a uno se le quitan hasta las ganas de escribir. Este es un país donde nada nuevo ha de sorprendernos y la capacidad de asombro no se agota. Releyendo el libro que me obsequiara su autor, el dilecto amigo César Pérez, “Estado y Gobiernos Atrapados por los Partidos” publicado en el 2008, tiene este tanta actualidad como cualquier otro ensayo que estudiara la realidad política dominicana, partiendo del ajusticiamiento de Trujillo. Solo que los males se reproducen y presentan novedades, asuntos graves que acaparan de inmediato la atención y que, bien que mal, dan motivo a especulaciones y preocupaciones, juicios y comentarios sazonados con el condimento preferido de cada quien. El Caso Quirino, por ejemplo, por sorpresivo y sorprendente destapa la caja de Pandora, sin que se pueda diagnosticar en qué parará la cosa.

Y viene al caso algo que forzosamente obliga a la reflexión, pues coloca en un extraño contrapunto dos actitudes que normalmente corren al unísono por la misma pista, apuntando la misma meta. El inusitado hecho, desplegado en primera página por el diario El Día, acompañado de un incisivo comentario de su Director, destaca una incongruencia: el Poder Ejecutivo, el Presidente Danilo Medina, desoyendo la solicitud del Consejo Superior Policial, pidiendo la destitución de todos los oficiales y subalternos involucrados en el robo y distribución de unos 960 kilos de cocaína incautada por esa institución, ha decidido, por lo contrario, poner en retiro con disfrute de una pensión vitalicia, a los altos oficiales y la cancelación, pura y simple, de sus subalternos. Se argumenta, que así está establecido en una ley por cierto muy cuestionable, demasiado especial para no ser atendida.

Al parecer, los superiores jerárquicos la desconocían al recomendar aquella medida, o quizás, con mayor sentido de justicia, decidieron sencillamente rechazarla por impropia, inmoral, inconsecuente y dejar un claro ejemplo, un mensaje alentador de que la actual jefatura y el Superior Gobierno, no están dispuestos, uno ni otro, a que se mancille la uniformada y se siga produciéndose el grave deterioro social e institucional que viene experimentando la sociedad dominicana.

¿Entonces qué ha pasado? ¿Actuó el Consejo de modo independiente, sin consulta previa? ¿Cuál temor sobrevino? ¿Un hipotético reclamo de los oficiales involucrados al no cumplirse una ley que privilegia a malhechores y delincuentes, cuando se le niega esa justa pensión a los ex militares constitucionalistas y a los jornaleros de la caña, que tienen que acudir a huelga de hambre? ¿Acaso la Constitución no condena y “proscribe toda forma de corrupción en los órganos del Estado”? ¿No es el Presidente de la República, Jefe Supremo del Estado, máximo responsable de velar por su cumplimiento? ¿A quiénes se trata de proteger o encubrir? ¿Qué se espera para modificar esa ley contraria al derecho, a la justicia y a la decencia?

“Castigar a quien se lo merece es válido, como lo es también no premiar a quien no ha dado razones para merecerlo.” Y el tiempo de hacer lo que nunca se ha hecho se agota.