La despenalización del delito de prensa en lo concerniente a la  difamación e injuria es una tendencia que cada día  toma fuerza a nivel mundial auspiciada por entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y las organizaciones  que agrupan a los periodistas.

Recientemente la Cámara de Diputados  procedió a la eliminación de la pena de cárcel contemplada en el Código Penal ante los delitos de difamación e injuria, en consonancia con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los culpables  de difamación, por ejemplo, podrían ser condenados al pago de  hasta diez salarios mínimos aunque la víctima puede pedir una indemnización por daños y perjuicios en adición a las excusas o aclaraciones públicas correspondientes.

Sabemos lo dificultoso que resulta iniciar y mantener un proceso judicial por esta causa, aparte de que la víctima tiene que pagar un abogado para defender sus derechos a la intimidad, moral y honra consagrados en el artículo 49 de la constitución dominicana.

Existe una ligereza alarmante, especialmente en los medios de comunicación electrónicos, en la difusión de noticias y comentarios que se emiten sin medir las consecuencias morales,  sociales, políticas y económicas que  puedan sufrir las  personas, funcionarios o  ciudadanos comunes víctimas de  denuncias infundadas.

A veces se actúa de mala fe y se practica la máxima de, «difama que algo queda», sobre todo en tiempos de campaña política, por razones personales, por chantaje y en ocasiones, por mandato de terceros.

Ante la despenalización de los delitos de difamación e injuria, estoy penosamente convencido de que esta práctica se incrementará en detrimento de la decencia, el respeto y la sana convivencia entre los dominicanos.