Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) externó su preocupación en cuanto a la posibilidad de incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 186-07 que modificó la Ley General de Electricidad No. 125-01, en lo relativo a la elaboración y discusión del reglamento de aplicación de dicha Ley y que se pretenda violar lo dispuesto en Art. 8 de la referida Ley que señala que la Comisión Nacional de Energía (CNE) es el único organismo facultado para  conducir este proceso.

 Los industriales señalaron que les preocupa la celeridad con la que algunos actores quieren “sancochar” el reglamento, cuando de conformidad con el  mencionado Art. 8 de la Ley 186-07  el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para dictar el reglamento, el cual se cumple el 25 de octubre próximo.

“Hemos saludado la disposición de la CNE  de brindar a nuestras organizaciones un espacio para realizar nuestros aportes sobre el reglamento.  Es un esfuerzo positivo, pero la participación debe mantenerse, elaborando una propuesta de consenso, de modo que la salida a la critica situación energética sea un proceso de conjunto”, expresó Manuel Diez Cabral, presidente de la AIRD.

El sector productivo ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el tema energético constituye un pesado fardo sobre las condiciones de competitividad del sector el cual podría verse agravado si no se toman en cuentas las observaciones que puede hacer el sector productivo nacional en la elaboración del reglamento para aplicar la Ley 186-07.

Indicaron que todos los asuntos relacionados con el sector eléctrico constituyen temas de vital importancia, ya que el costo de la energía eléctrica constituye el principal escollo para la competitividad de los sectores productivos y del país en general.

Los empresarios entregaron el viernes de la semana pasada una serie de sugerencias para que sean tomadas en cuenta en la elaboración del proyecto de reglamento para la aplicación de la ley eléctrica.

Los industriales desean que el proyecto que sea aprobado no implique un incremento de los costos para los usuarios no regulados del sector eléctrico, en e entendido de que esto afectaría la competitividad del país.