POR ALEIDA PLASENCIA
El punto de mayor preocupación entre los empresarios, en las discusiones sobre el proyecto de reforma fiscal, es una propuesta del sector oficial de establecer un gravamen de un 4% a las importaciones de bienes, que sería deducible del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los 30 días, trascendió ayer.

Se informó que el impuesto de 4% se aplicaría a todas las importaciones que en el ámbito del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA) entren al país libres de aranceles.

Fuentes bien enteradas explicaron a este diario que la preocupación del sector empresarial antes esta propuesta se fundamenta en que para una empresa poder beneficiarse de la devolución de este 4% tendría que tener una rentabilidad en sus operaciones de un 16%, lo que, de acuerdo a lo informado, es muy difícil en el país.

Según explicaron, este gravamen podría convertirse en un impuesto definitivo, porque muchas empresas no producirían la rentabilidad necesaria que le permita beneficiarse de la devolución.

De acuerdo con las fuentes, el gravamen en referencia es parecido al impuesto de 1.5% sobre las ventas brutas, con la diferencia de que sería deducible a los 30 días de haber sido pagado, a través del ISR.

El impuesto de 4% a las importaciones, según dijeron, sería una especie de avance del ISR «y se convertiría en impuesto definitivo si la empresa no tiene una rentabilidad de por lo menos 16%», dijo una de las fuentes.

Esta semana se han producido reuniones todos los días entre el sector empresarial, la mayoría en la sede del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), para discutir sobre el proyecto de reforma fiscal.

Según informaciones publicadas en los diarios nacionales, los empresarios han logrado consenso en cuanto a respaldar la propuesta del sector oficial de un impuesto a los activos de las empresas, como parte del proyecto de reforma fiscal. Esta propuesta, según las referidas publicaciones, estaría condicionada a que dicho gravamen sea deducible del ISR.

Varios empresarios ligados a las discusiones sobre la reforma, consultados por esta reportera, expresaron que no hay necesidad de hacer una reforma fiscal «a la carrera», en vista de que luego de ratificado el CAFTA por el Congreso de los Estados Unidos, el país tendría dos años para ingresar él.

La ex jefa negociadora de dicho tratado, licenciada Sonia Guzmán, expresó en esta semana que hay tiempo suficiente para lograr una reforma fiscal consensuada y que el mismo acuerdo da los plazos correspondientes. La licenciada Guzmán pidió que por tanto, no se precipite el proyecto de reforma fiscal.