Los embajadores de Estados Unidos, Hans Hertell; de Cánada, Adam Blackwell; Miguel Amado, de la Unión Europea; de Gran Bretaña, Andrew Ashcroft y de los Países Bajos, Rasha Ter Braack expresaron su Amás profunda preocupación» por el impacto que pueda tener para la población la mutilación del sistema nacional de Áreas Protegidas en la República Dominicana.

Los cinco diplomáticos de naciones cooperantes y socios comerciales de República Dominicana indicaron que reconocen la importancia del turismo para el desarrollo económico del país, pero advirtieron que se debe evaluar cuidadosamente si el futuro de la Nación sería más promisorio y esperanzador con reducciones tan marcadas y a veces devastadoras en sus parques nacionales y áreas protegidas.

Los cinco diplomáticos plantearon su posición en una carta enviada al presidente Hipólito Mejía y a los presidentes del Senado, Jesús Vásquez, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el pasado día 7.

Propusieron los embajadores suministrar para asistir a los diputados y senadores en la toma de decisiones sobre la situación de las áreas protegidas.

Indicaron que la preocupación es de las embajadas, las representaciones diplomáticas, las agencias y organismos de cooperación internacional con presencia y representación en la República Dominicana.

«La experiencia internacional ha mostrado que un sistema de áreas protegidas bien manejado podría representar en el futuro una ventaja comparativa importante para el desarrollo del turismo y del país en su conjunto», exponen en la carta.

Las áreas protegidas, señalaron, son de gran importancia para el futuro de la República Dominicana.

Cuatro de esas áreas en proyecto de reducción mediante ley, ya han sido declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como reserva de la Biósfera y otras están en proceso de declaración como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza natural y arqueológica, además de su diversidad biológica de importancia regional.

«Por lo tanto, nos permitimos sugerirles evaluar más detenidamente el Proyecto de Ley en su forma actual, antes de proceder a la aprobación final, por medio de un proceso que conlleve a una solución apoyada en análisis (estudios, evaluaciones) y ponderaciones técnicas imparciales y con amplia participación del público», exhortaron.

[b]LOS PROYECTOS[/b]

El 20 de agosto del 2002 el poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un proyecto de Ley Sectorial de Áreas Protegidas en el que se propone una ampliación general del sistema que existía hasta el año 2000.

Cuando fue promulgada la Ley 64-00 el 18 de agosto del 2000 recogió todos los decretos y leyes que conformaron el sistema nacional de áreas protegidas que se habían establecido desde la creación del Vedado del Yaque, el primer parque nacional, establecido por el presidente Horacio Vásquez en la década de 1920.

La ley 64-00 dio facultades a la Secretaría de Medio Ambiente para que elaborara una ley de áreas protegidas, haciendo una revisión de las existentes para corregir algunos problemas que existían por la indefinición de sus linderos y atender reclamos de comunidades. El artículo 34 de la ley 64-00 en el párrafo III establece que no se permitirá ninguna modificación de las áreas protegidas hasta la promulgación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

El proyecto propuesto por el poder Ejecutivo preveía una protección sobre el 28% del territorio nacional.

La ley de Medio Ambiente fue discutida en el Congreso Nacional durante 10 años. Fue sometida por el ex presidente Joaquín Balaguer en 1991 y permaneció bajo discusión en las dos cámaras hasta julio del 2000 cuando fue aprobada. Fue la primera ley promulgada por el presidente Mejía.

[b]ÁREAS REDUCIDAS[/b]

De manera general las áreas protegidas del país serían reducidas a la mitad de acuerdo con el proyecto de ley aprobado por los senadores y en espera de sanción de los diputados.

Los senadores modificaron el proyecto sometido por el presidente Hipólito Mejía para disminuir a 53 de las áreas protegidas.

Entre las reducciones importantes de áreas protegidas figuran la del Parque Nacional Lago Enriquillo que de sus 552 kilómetros cuadrados, le reducirían 202 kilómetros, especialmente de la zona de humedales y áridas, de la parte sur.

El parque nacional del Este fue reducido en más de cien kilómetros, dejando libres todas las costas de la península entre Bayahíbe y la isla Saona, al este, y entre San Rafael del Yuma y la isla Saona, al oeste.

Samaná es la provincia más afectada, pues pierde la protección del Santuario de Mamíferos Marinos y el Área Nacional de Recreo de Cayo Levantado.

La segunda provincia más afectada es de Monte Cristi, que pierde la protección de arrecifes coralinos más grande del país.

[b]LOS CAMBIOS[/b]

Un informe preliminar de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados propuso modificar la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder hacer modificaciones radicales al proyecto de ley sectorial de áreas protegidas.

El artículo 34 de la ley 64-00 impide la modificación del sistema de áreas protegidas antes de la promulgación de la ley sectorial.

El informe de los diputados señala que hasta el día de ayer los miembros de la comisión especial que preside el diputado por Sánchez Ramírez, Cristian Paredes Aponte, del oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tienen previsto recomendar al plenario de la Cámara de Diputados modificar los artículos 40 y 48.

El artículo 40 de la actual Ley 64-00 faculta a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, previa autorización del Poder Ejecutivo, pueda efectuar «la compra directa o permuta de terrenos a particulares para cumplir con los fines de la presente Ley».

Se propone enmendar ese artículo, expresó Paredes Aponte, para que la Ley Sobre Parques Nacionales no pueda ser modificada sino con la anuencia previa de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Todas las Áreas Protegidas están contenidas y amparadas en el artículo 48 de la ley 64-00, que está constituido por 60 numerales.

De acuerdo con la propuesta de los diputados se propone aumentar las áreas protegidas dentro de límites marinos del país, pero reduce todas las que están en el territorio.

Dijo Paredes Aponte que serían modificados el Parque Jaragua; la Loma Quita Espuela; el Pico Diego de Ocampo y las Cuevas del Pomier la Loma Quita Espuela.

Los miembros de la Comisión también tiene previsto modificar el Santuario del Mamíferos Marinos.

De acuerdo a Paredes Aponte, del Parque Jaragua «se pretende excluir los asentamientos campesinos de Neiba y San Juan de la Maguana», en tanto que a la Loma Quita Espuela se le dejará los 72 kilómetros.

Se excluirá del área del parque Jaragua el área protegida que ocupa la Fábrica de Cemento Andino, debido a que ya está en operación. Los miembros de la comisión de diputados agregaron 21 kilómetros cuadrados a ese parque, lo que lo ampliaba a 93.

Sobre el Pico Diego de Ocampo, el diputado Paredes Aponte, dijo que «a solicitud de los síndicos de Santiago» se decidió disminuir el área protegida porque en las inmediaciones residen algunas familias y el área sería urbanizada.