El movimiento cívico Participación Ciudadana declaró ayer que en el ámbito institucional del país, lo más preocupante es el actual debilitamiento de la Junta Central Electoral (JCE), organismo que consideró “con una poca disimulada representación partidaria que genera desconfianza y sombras en las próximas elecciones”.

También dijo que un desafío del año próximo para el presidente Hipólito Mejía, será renunciar a la tentación de subordinar el interés nacional en la recuperación económica, a los intereses partidarios que suelen desbordarse en las campañas electorales.

«Ese fallo que ha dado la JCE, probablemente va a ser el indicio de que todos los fallos que se produzcan podrían ser así, porque ese organismo está compuesto entre personas que están a favor de determinados partidos y lógicamente no se van a poner de acuerdo», expresó la doctora Miriam Díaz, coordinadora general de Participación Ciudadana, en una rueda de prensa celebrada en la mañana de ayer en la sede de la institución.

Señaló que la JCE tiene la mayor responsabilidad de garantizar las mejores condiciones para la celebración de las elecciones de mayo próximo, con niveles organizativos y de legitimidad, sino superiores, iguales a los últimos procesos electorales y para eso debe «rechazar cualquier tentación de parcialidad, manipulación o falta de transparencia, actuando siempre con el honor y el patriotismo que se espera de tan alta investidura».

«La sociedad dominicana en general, la sociedad civil y particularmente los sectores empresariales y políticos, están obligados a concentrar sus mayores energías para promover en el 2004, la recuperación económica y el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática», sostuvo la licenciada Díaz.

Afirmó que el año 2003 registró una de las peores crisis financieras de la historia nacional, con una secuela de devaluación e inflación que ha degradado extraordinariamente el nivel de vida de la población, acentuando la pobreza que afecta a la mitad de los dominicanos.

Señaló que la quiebra de tres bancos mostró en «toda su crudeza», la falta de fiscalización sobre los grandes intereses económicos y la capacidad de los sectores privados para «comprar complicidades y silencios» en una dramática expresión de la corrupción que corroe importantes segmentos de la vida nacional.

«Al enfrentar las crisis bancarias, las autoridades nacionales violentaron los procedimientos legales, como lo hicieron en otros ámbitos, configurando una tendencia al desconocimiento del armazón jurídico en que descansa la nación», dijo.

Añadió que al terminar el año, la operación de salvamento bancario ya ronda por los RD$100,000 millones, para un país cuya emisión monetaria antes de la crisis era de apenas RD$38,000 millones.

Recordó que la primera decisión de las autoridades se transformó en “una monumental emisión inorgánica» de dinero responsable principal de la devaluación de la moneda en el mercado.

Respecto a lo político-institucional, la licenciada Díaz señaló que lo más relevante ha sido la crisis que ha afectado profundamente a los tres partidos mayoritarios del sistema político, así como a varios de los llamados emergentes o minoritarios.

«La ausencia de mecanismos democráticos ha dificultado la canalización se las serias divergencias que se registraron durante el año en los partidos, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano y que los ha debilitado y dividido en facciones aparentemente irreconciliables, pese a los esfuerzos que han hecho comisiones interpartidistas», señaló.

Expresó que en ambos casos prevalece una «cultura de imposición y arrebatos» que rechaza la concertación y el acatamiento de las normas democráticas.

«En el caso del partido de gobierno, la crisis rebasa su propio ámbito para reflejarse en la manipulación de recursos estatales y en la creación de un clima de incertidumbre que conspira contra la estabilidad política y macroeconómica», advirtió.

En cuanto a la justicia, Díaz dijo que si bien es cierto que en materia de justicia se han dado algunos pasos positivos, han prevalecido las dificultades presupuestarias para ejecutar reformas y ampliaciones.

Destacó que el Departamento de Prevención de la Corrupción quedó este año sumido en el silencio, mientras que los tribunales siguieron “acariciando” los expedientes de corrupción, durante los últimos años.