POR FERNANDO QUIROZ 
En la República Dominicana es motivo de preocupación la lentitud y poca efectividad de las autoridades en la persecución, captura y castigo de personas buscadas en relación con crímenes y agresiones contra periodistas en ejercicio.

Así lo expuso el periodista Manuel A. Quiroz en un informe rendido en Quito, Ecuador.

Quiroz es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para la República Dominicana. Sin embargo, resaltó que en el país prevalece una situación general de respeto para el libre ejercicio periodístico.

«Los medios independientes pueden informar y opinar con amplitud acerca de los más diversos temas de interés general sin recibir ningún tipo de interferencia, como corresponde en una sociedad democrática que  viva con arreglo a la ley y al libre juego de las ideas», dijo Quiroz, director del periódico El Caribe.

Criticó que a un año y medio después del asesinato a tiros del periodista Juan Andújar, la Policía no ha logrado detener a Vladimir Pujols, señalado por toda una comunidad en la provincia de Azua como el autor del horrendo crimen.

Definió a Andújar como un comunicador de probada reputación profesional que se distinguió por denunciar y combatir las actividades del narcotráfico y de la delincuencia en general en la región sur de la República Dominicana.

Señaló que al local de la filial en Azua del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) le colocaron recientemente varias cruces negras, lo que el gremio ha interpretado como una amenaza de Pujols contra los periodistas de esa ciudad y una reacción a las denuncias formuladas por la dirigencia de la entidad.

Expresó que la agresión contra el periodista y comentarista de radio y televisión Euri Cabral tampoco ha podido ser esclarecida, a pesar de que las investigaciones se iniciaron en septiembre del 2004 y de los insistentes reclamos de la clase periodística y de otros sectores de la sociedad dominicana de que el caso no quede impune.

«Las autoridades tampoco han dado respuestas satisfactorias a las denuncias de agresiones y amenazas contra los periodistas Roberto Sandoval y Rafael G. Santana», indicó.

Sandoval, que produce el espacio Tribuna de la Noche por Radio Comercial y el programa Justo a Tiempo, por el canal 10 de Telecable Nacional, denunció a principios de este mes que tres hombres armados lo secuestraron y que logró escapar cuando intentaban darle muerte en un campo de la comunidad de Yamasá.

Sandoval atribuyó la acción a sus pronunciamientos contra la delincuencia. Hasta el momento se desconoce el resultado de la investigación policial.

En tanto, informó Quiroz en diciembre del 2005 el periodista Rafael G. Santana denunció que tanto él como su familia se sentían amenazados por la vigilancia que en torno a su residencia mantenían individuos fuertemente armados. Santana, que atribuye las amenazas a su campaña contra el narcotráfico y la corrupción, se queja de que ninguna autoridad se ha ocupado de investigar su denuncia, por lo que teme por su seguridad.

Otro signo preocupante que observa Quiroz es cierto nivel de irrespeto, intolerancia e incomprensión de algunas autoridades y también de entidades y de ciudadanos civiles con la labor de los periodistas que asumen posturas críticas frente a los problemas del país.

«Antes de concluir este informe no podemos dejar de mencionar el limbo jurídico en que está el proceso contra los autores materiales del crimen del periodista Orlando Martínez y la queja de sus parientes y de la prensa por la marcada falta de interés en identificar y castigar a los autores intelectuales, a 31 años de un hecho que enlutó a la prensa nacional», agregó.

Pidió a las instancias judiciales correspondientes que saquen de su actual indefinición jurídica el proceso contra los responsables de la muerte de Martínez.

AGRESIONES

Anexo al informe que rindió, Quiroz sometió a la consideración de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP una nota en que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa detalla una serie de agresiones físicas y verbales contra periodistas y camarógrafos de varios medios informativos.

«Ante este panorama, me permito sugerir que se emita una resolución para reclamar a las autoridades dominicanas que pongan un mayor empeño en esclarecer las agresiones y las amenazas contra periodistas, a fin de dar con los responsables para que sean sometidos a la justicia y reciban las sanciones que establece la ley», planteó.