Graves preocupaciones ha generado en el ámbito de  la industria nacional la información ofrecida recientemente por el director general de Aduanas, licenciado Rafael Camilo, en el sentido de que  el gobierno elabora un proyecto de ley que permitiría a las zonas francas vender hasta el 100 por ciento de su producción en el mercado interno, en vez del 20 por ciento que se le permite en el marco de la legislación vigente actualmente.

Se explicó que en el caso de que este proyecto de ley fuera sometido al Congreso y aprobado, se generaría una inequidad tremenda en perjuicio de las industrias nacionales que siempre han pagado  impuestos,  así como del propio Estado.

Industrias eficientes podrían quebrar como resultado de la competencia desleal de empresas que gozan de una posición fiscal privilegiada.

Y para el Estado, el resultado sería una pérdida de recursos, porque la base tributaria  se reduciría.

 «Son menos las empresas que tributan que las que debieran de hacerlo y esto impone costos altos para la sociedad en un país, como la República, con altas demandas de servicios públicos y de inversiones en infraestructura», se explicó.

El sector zonas francas disfruta  desde su instalación de exención completa de impuestos y cargos fiscales, libre de aranceles y tasas en importación de materias primas, componentes,   maquinarias y equipos, incentivos que no recibe en su totalidad  la industria nacional que opera fuera de las zonas libre de impuestos.

El país tiene de plazo hasta el 30 de diciembre para crear una nueva ley de zonas francas o modificar la actual por requerimientos contemplados en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

Una fuente empresarial dio a conocer   que la preocupación del sector industrial no sólo estriba en el problema que se generaría en el sistema tributario, sino también en el hecho de que  se estarían alterando los principios de competencia igualitaria de las condiciones entre las empresas.

Esto así, porque  con la aprobación del proyecto de marras se pondría a competir a empresas que no pagan los impuestos  con empresas que efectivamente los   pagan, cual es el caso de las empresas nacionales.

Se explicó que las empresas que no pagan impuestos podrían ofrecer  mejores precios que sus competidores, aún cuando sean menos eficientes y competitivas.

 Se agregó que de esta manera se crearía una situación en que  empresas de zonas francas, eficientes o ineficientes, podrían hacer  quebrar a sus competidoras y quedarse con el mercado.

«O sea, empresas de zonas francas podrían asegurarse el mercado para sus productos, no por el triunfo en la competencia, sino por su eliminación, al estar favorecidas por una situación fiscal privilegiada», agregó.

Además, se indicó que ese proyecto de ley  conspiraría contra la eficiencia del  sistema impositivo en la República Dominicana.

Las claves

1. Perjudicaría a industria

Si se permitiera a las zonas francas colocar el 100 por ciento de su producción en el mercado local, industrias eficientes podrían quebrar como resultado de la competencia desleal de empresas que gozan de una posición fiscal privilegiada.

2.  Afectaría al Estado

Para el Estado, el resultado de esa medida sería una pérdida de recursos, porque la base tributaria  se reduciría  se crearía una situación que   conspiraría contra la eficiencia del  sistema impositivo en la República Dominicana.