En el actual proceso electoral hay dos elementos que nos causan justificable preocupación porque, ciñéndonos a experiencias pasadas, pueden llegar a mermar la transparencia que se requiere en estos menesteres y causar trastornos innecesarios y que han podido evitarse.

En primer término, hay una dislocación de al menos 60,000 electores que no han sido debidamente informados de que fueron reubicados o movilizados de los colegios electorales en que les tocaba sufragar. La Junta Central Electoral (JCE) suele hacer estos movimientos para evitar congestionamiento de algunos colegios electorales, pero no hay explicación que justifique un número tan elevado de «dislocados».

El otro elemento que puede resultar perturbador es que en las boletas electorales estén impresas las fotos de personas que dejaron de ser candidatos por obra y gracia de alianzas que han mandado al zafacón la democracia interna de los partidos al sustituir candidatos que ganaron con todas las de la ley por personas que jamás lidiaron en convenciones o asambleas, como debe de ser. Esta ocurrencia puede provocar confusiones entre los electores, induciéndoles a votar equivocadamente en perjuicio de su intención de voto y provocar justificables reclamaciones de parte de quienes hayan sido reemplazados a pesar de haber ganado sus candidaturas en buena lid.

 II 

Lo preocupante es que la Junta Central Electoral minimiza la importancia de ambos casos y se comporta como si no estuviese pasando nada, a pesar de que la experiencia indica que se deben evitar estos trastornos .

Según el artículo 75 de la Ley Electoral, cuando una candidatura ha sido admitida no podrá ser retirada ni rectificada por el partido o la agrupación que la hubiere presentado salvo el caso de que uno o varios de los candidatos comprendidos en ella renunciaren, fallecieren, quedaren incapacitados o fueren rechazados.

En el caso que nos ocupa, la Junta debería hacer de dominio público la documentación, actos notariales y otros, en que se sustentan las sustituciones de por lo menos 150 candidatos que ganaron las convenciones o asambleas en sus respectivas organizaciones. La necesidad de un proceso electoral transparente obliga a colocar a la vista de todos las certificaciones que pondrían en armonía con la ley esos reemplazos de candidatos.

Por otra parte, la Junta descarta que la desubicación de al menos 60,000 electores pueda trastornar el proceso, a pesar de que estos cambios podrían ir en perjuicio del derecho al voto de muchos de estos votantes.

La Junta ha dicho que garantizará un proceso transparente y diáfano y en aras de ese compromiso debería poner en claro todo lo concerniente a la desubicación de electores y a las sustituciones de candidatos, pues un elemento vital de la transparencia es la disipación de temores que, hasta el momento, están plenamente justificados.