La compra por el Estado del total de las acciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este es un acto preocupante. El precedente sentado a partir de la adquisición de Edenorte y Edesur por parte del Estado justifica la preocupación por la nueva compra. Los problemas energéticos en el sector que corresponde a Edenorte y Edesur  no han sido resueltos después de que pasaran a ser propiedad del Estado y, por demás, los gastos por concepto de sueldos aumentaron de manera escandalosa. La compra de EdeEste se negocia en circunstancias muy parecidas a las que predominaron en la adquisición de Edenorte y Edesur, pues fue en medio de un litigio que se produjeron las negociaciones.

Por otra parte, esta adquisición se produce en un momento político que compromete intereses muy vinculados a la parte estatal del mercado eléctrico. Se produce en momentos en que no se ha demostrado voluntad política para sancionar actos fuera de ética cometidos en el Programa de Reducción de Apagones (PRA). Todo esto induce a ver con reservas esta nueva estatización en el mercado de la electricidad. La economía del Estado debe ser preservada de los riesgos que implican estas adquisiciones, sobre todo porque no han demostrado capacidad para resolver las calamidades de un servicio que es vital para la competitividad de la industria, el comercio y la economía en general.

Ni pensar en más impuestos

El modelo seguido por el Gobierno no ha propiciado que la buena racha de la economía transfiera parte de su bonanza hacia la población, para mejorar su calidad de vida. Tampoco ha influido para lograr un poder adquisitivo competitivo en la población, por medio de niveles salariales adecuados. Y ni siquiera ha podido aplicar freno a la desmedida especulación comercial que encarece exageradamente los precios y a los propios gastos oficiales, que muchos juzgan demasiado altos.

Cómo, entonces, se puede hablar de nuevos impuestos para la población. Se reconoce que los ingresos fiscales han mermado debido a la crisis global y al esquema de desgravación que imponen los tratados comerciales. Se admite la aspiración de tener un Estado fuerte, pero pretender hacerlo a través de nuevas cargas fiscales parece contraproducente. Que se mejore aún más la eficiencia recaudadora, pero sin pensar en nuevos impuestos.