PEDRO GIL ITURBIDES
El pedido de un grupo de oficiales de alta graduación retirados de la Policía Nacional para que se refuercen las políticas públicas por la seguridad ciudadana, motivó algunas críticas. Por suerte, pocas. Porque la comunicación interpreta a cabalidad las preocupaciones de buena parte del dominicano de hoy respecto de tema tan peliagudo. Por una vertiente, estrecha por cierto, corren las voces que intentan decirnos que aquí no pasa nada. Por la otra, ancha sin duda, marchan los acontecimientos que arropan a la sociedad.

Como ustedes saben, pues se lo he dicho en varias ocasiones, dirijo el Recinto Santo Domingo de Guzmán de la Universidad Tecnológica de Santiago. Todos los días dedico horas a escuchar voces quejumbrosas de profesores y estudiantes afectados por el raterismo vulgar. El puente de peatones que atraviesa la avenida de las Américas, cercano al Campus Oriental, es escenario cotidiano de asaltos de toda índole. El vecindario del Campus de San Carlos es tierra de nadie, en donde los bandoleros toman a prevenidos y desprevenidos como banquitos de picar.

El Campus Central, en Herrera, no está menos asediado por quienes decidieron convertir la República en tierra en bandidos. Y únicamente el Campus de la Máximo Gómez parece menos aquejado del grave mal, tal vez por la cantidad de agentes de tránsito que rodean sus diversas instalaciones. Ojalá que el general Bernardo Santana Páez se sentase en mi lugar por unas horas para escuchar lamentos y quejas que se levantan de uno y otro lado.

Del universo, ésta es una muestra. Porque lo mismo ocurre en otros lugares de la ciudad capital. Y del país. Hace apenas unas horas hizo una declaración a este diario el padre Paolo Benvenuto respecto de un barrio que yo creía inmunizado ante estos desafueros. Sacerdote llegado de Italia para cumplir misión pastoral en medio de los pobres de Guarícano, el padre sabe de lo que habla. De igual modo en que somos receptáculo del dolor de estudiantes y profesores, el padre Benvenuto escucha el lamento de feligreses y vecinos de la Parroquia consagrada a Santa María Margarita de Alacoque.

Nadie, por consiguiente, en el sector público, debe cerrar los oídos ante el grupo de oficiales retirados. Puede juzgarse el pronunciamiento como extemporáneo si se quiere. O, como han señalado algunos, interesada en virtud de los intereses que vinculan a uno que otro de los oficiales firmantes con determinadas fuerzas políticas. Mas no puede echarse en saco roto lo que además debe asumirse como inquietud, reflejo de la preocupación colectiva.

Son sintomáticas las detenciones consumadas hace pocas horas por la Policía Nacional de miembros de una banda que asaltaba camiones cargados de mercancía. El anuncio que se hizo tras el desenlace de un tiroteo en el frustrado desvío de un camión cargado de bebidas alcohólicas importadas, implicó a policías. Para sorpresa de muchos, en el grupo se identificaron oficiales activos de la propia institución del orden y uno que otro civil. ¿Acaso se pretende que nos despreocupemos ante revelaciones de esta naturaleza? Hemos de considerar que esas informaciones no fueron ofrecidas por ningún partido de oposición interesado en desacreditar las ejecutorias del gobierno.

Cuanto se dijo provino de la propia Policía Nacional. Por consiguiente, y habida cuenta de la batida que este organismo está dándole a los sustractores de vehículos, cabe el que nos guardemos los alegres ataques a todo el que pida mayor prevención contra la criminalidad. Conviene que, a sabiendas de que el ejercicio de gobierno se cumple para gobernar, se ofrezca un respaldo decidido a una Policía Nacional que parece haberse empeñado en curarse en salud. No creo que deba el organismo de orden público aceptar la cooperación de los antiguos oficiales. Pero como mínimo debe asumirse el pronunciamiento de éstos como acicate para no desmayar en la lucha contra la criminalidad.