El martes último, durante una protesta estudiantil en Licey al Medio, la fuerza pública fue atacada por varios civiles provistos de armas automáticas de clasificación militar.

Escenas como esa se han producido en otros lugares, como Navarrete, donde grupos que se autodenominan «populares» paralizan a su antojo los servicios, provocan pánico en la comunidad y se enfrentan a tiros con las autoridades.

Los integrantes de estos grupos actúan ocultando sus rostros con capuchas, exigen dinero y hacen lo que les viene en ganas.

¿Quiénes tienen en este país tanta capacidad de provocación y ocultamiento que no han podido ser sometidos a los rigores de la ley y la justicia?

No puede ser que la tranquilidad de nuestras comunidades esté a merced de gente que necesita ocultar el rostro, que es capaz de aterrorizar y, para más colmo, está en condiciones de esgrimir armas contra la autoridad legalmente constituida.

Se entiende que el temor de la gente, más que otra cosa, da a estos grupos alta capacidad de ocultamiento e impunidad.

Sin embargo, entendemos que por esas mismas circunstancias las autoridades deberían poner en acción sus equipos de inteligencia para descubrir y desarticular estas bandas que dicen luchar por los intereses de la comunidad.

Es muy riesgoso para la tranquilidad pública que gente con esta capacidad pueda seguir operando y enfrentando a las autoridades de la manera que lo han estado haciendo.

¿Es suficiente?

La actual presidencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hace esfuerzos por depurar el personal bajo su mando y una consecuencia de esa tarea ha sido la separación de un número considerable de agentes culpables o sospechosos de incurrir en actos reñidos con sus normas internas.

La primera señal en este sentido la dio el mayor general Rafael Ramírez Ferreira el mismo día que tomó posesión de su cargo, cuando hizo retornar a sus respectivos cuarteles a prácticamente todos los policías y militares de la sede principal de la DNCD.

Sin embargo, llama la atención el hecho de que muchos de los sospechosos o autores de inconductas sean reintegrados a la Policía y los institutos castrenses, como si su segregación de la DNCD fuera suficiente sanción.

Entendemos que una persona que por su conducta no califique para pertenecer al organismo antinarcóticos, tampoco debería calificar para retornar al organismo o institución de procedencia.

Creemos que en términos de depuración y valoración de conductas los institutos castrenses, la Policía Nacional y la propia DNCD deberían proceder con un criterio unificado, de manera que las faltas objetables en uno de ellos lo sean también en los demás, descalificando a quienes las cometan y haciéndolos pasibles de sanciones tan fuertes como aconsejen las leyes y las circunstancias.

El país ha ganado mucho en materia de depuración y profesionalización de sus Fuerzas Armadas, la Policía y la DNCD. Todo cuanto planteamos en este comentario está dirigido a reconocer estos logros y a estimular que se mantenga esa actitud.