Hoy 
Aquel dinamismo inicial del Ministerio Público formulador de expedientes validados a nivel de juzgados de instrucción con admisión de indicios de enriquecimientos ilícitos contra el Estado, no ha derivado en razonables plazos hacia saludables precedentes de sanciones o descargos que es lo que significa impartir justicia a tiempo. Lo contrario, que es lo que está ocurriendo, es atropellante negación; injusticia demostrada. Frustración para la sociedad que aspira a ser resarcida por la enajenación de patrimonios nacionales en el marco de una prolongada ausencia de persecución y penalidades. Una morosidad que parece delatarse como resultado de «estrategias dilatorias» e introducción reiterada de incidentes para lograr impunidad aunque la prolongación indefinida de procesos o mora judicial extiende condiciones sub júdice de absoluto perjuicio para quienes estén dispuestos a demostrar que merecen ser absueltos. Abusos extremos contra la presunción de inocencia que asiste a seres humanos independientemente de las circunstancias y apariencias (por creíbles que parezcan) que muevan a incriminaciones de rumor público que precedan o acompañen juicios orales, públicos y contradictorios.
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Desalienta y siembran dudas sobre el futuro final de encausamientos que han sido de aparente solidez y respaldados por divulgaciones que en paralela informalidad documentaron a la ciudadanía con registro de testimonios y certificaciones materiales de lucros escandalosos captados en interrogatorios y revisión de archivos de Estado y por vía de autoinculpaciones gratificadas con la legitimidad de los procedimientos que parecían allanar el camino hacia las dilucidaciones y sentencias; no hacia los estancamientos negadores de conclusiones. Ostensiblemente (certificado por el órgano competente DIGEIG) no se ha actuado desde áreas del Ministerio Público ni desde el Ministerio de Administración Pública tras serles depositados 46 casos de supuesta corrupción en la gestión gubernamental presente desde el 2020. Sumada a esta denunciada inoperancia, ostensiblemente órganos de control de la corrupción como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y la Controlaría General de la República y de control de auditorías externas como la Cámara de Cuentas, han disminuido considerablemente sus funciones fiscalizadoras y las publicaciones de informes de irregularidades comprometedoras que salían a la luz en años anteriores.
