SAMUEL SANTANA
Creo que no hay nada que le haya hecho tanto daño a la República Dominicana como la corrupción. Esta nación cuenta con recursos muy valiosos e importantes como para lograr no solamente su propio desarrollo, sino uno que se destaque en una posición brillante entre los demás países de América Latina. El desembolso que han hecho y que siguen haciendo los organismos crediticios internacionales en el país es una muestra de la confianza que se tiene en su potencial económico.

Contamos con renglones de la economía que funcionan de manera envidiable para otras naciones, como es el caso del turismo y el de las inversiones extranjeras.

Los gobiernos que se van sustituyendo dentro de la administración pública van contando cada vez más con presupuestos jugosos gracias al crecimiento de

los renglones productivos de la nación y a la capacidad de aguante de los ciudadanos para recibir y aceptar las reformulaciones fiscales que apuntan siempre hacia el aumento.

A esto se agrega la cantidad enorme de recursos provenientes de prestamos internacionales.

Pero aquí existe una gran disparidad, si se quiere hasta misteriosa: los gobiernos vienen y van, manejando todos esos volúmenes economicos dentro del erario público, pero seguimos ahondando cada vez más en la miseria y en la infuncionalidad de los servicios públicos.

La pobrez, la miseria y las penurias se hacen evidentes en hospitales que parecen centros de mala muerte, en escuelas destartaladas, calles intransitables por  su mal estado y por el cúmulo de basura, sistemas de transportes inservibles, ad infinitum.

Esto tiene una sola explicación, que la corrupción se ha encargado de neutralizar todo nuestro progreso y desarrollo. Ella es el cáncer que por año y años está afectando el buen  funcionamiento y la eficiencia de un Estado.

La fuente que alimenta esta practica maldita es la ambición materialista, el ansia de poder y el egoísmo ciego e irracional.

Esto ha hecho que un cierto segmento de la clase política,  empresarial y militar esté actuando contrario a la verdadera razón de su existencia, creando grandes frustraciones e insatisfacciones dentro de los ciudadanos.

Y la no acción de la justicia contra el flagelo de la corrupción retrasa, paraliza y pone en punto muerto el desarrollo de la nación y de los principios esenciales de la democracia.

Para que la corrupción no continué causando más estragos dentro de los intereses nacionales, debe existir una voluntad política ferrea, clara y bien definida que busque neutralizarla y erradicarla.

Por eso ha constituido una gran preocupación el hecho de que el Presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reyna, no hablara de manera abierta y clara sobre la acción de la justicia y el combate que contra la corrupción debe realizarse para establecer un ejemplo concreto de adecentamiento de las instituciones del Estado y de preservación de los recursos del pueblo.

Desearíamos pensar que la exclusión de un tema tan preocupante y en una ocasión tan trascendente  obedezca sólo a una estrategia y no a la intención de recurrir una vez más al trágico y famoso  borrón y cuenta nueva.

Junto a las valoraciones comparativas de la gestión pasada y de la presente, está bien que se establecieran  las diferencias en la conjura de los males económicos pero, al mismo tiempo, debe plantearse de manera concreta la decisión de sentar una acción ejemplarizado contra quienes se apropiaron de los bienes del Estado.

En procura de que se produzca un verdadero cambio en las esferas del poder, entre los servidores públicos, los partidos políticos y la misma democracia, hay que lanzar acciones bien claras contra  quienes atentaron y quieran atentar en la actualidad contra la ética, la moral y los valores sanos de la sociedad.

Este Gobierno está en la mejor oportunidad de anotarse un gran punto a su favor si se decide a luchar seriamente para limpiar moralmente las instituciones del Estado, dejando bien claro casos como el de Quirino y sus implicaciones dentro de las Fuerzas Armadas y enviando a la justicia todos los expedientes que pesan contra funcionarios corruptos.

El país debe empezar a marchar por el sendero de los buenos principios, del respeto a las leyes y de la integridad moral.