PEDRO GIL ITURBIDES
Convertido en ley el polémico proyecto de Reforma Fiscal, es promulgado pese a la introducción del gravamen al sirop de maíz. Poco después de que se aprobase en segunda lectura por el Senado de la República dicho proyecto, el Presidente Leonel Fernández anuncia que reintroducirá un proyecto para anular ese impuesto. Y a escasas horas de este último anuncio, informa que apoyará a los sectores del país que vayan a arbitraje a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por causa de los efectos del tratado de libre comercio.

Los tres aspectos de una misma cuestión son contradictorios entre sí. La promulgación implica el que se acepta la ley tal cual se aprueba. El anuncio inmediato de que será reintroducido un proyecto que la modifique entraña todo lo contrario. Pero el anuncio de que un recurso ante la OMC encontrará apoyo en la persona del Presidente de la República, rompe toda posibilidad de advertir cuál es su posición al respecto. Y ello no es bueno.

El cristianismo se expandió, entre otras razones, porque Jesús infundió criterios y fe a sus apóstoles. La escena de la tormenta en el lago Tiberíades, entre varias que hallamos en los evangelios, prueba la consistente exigencia de Nuestro Señor. Las primeras generaciones de cristianos, perseguidos, sostenían su fe hasta ser sacrificados por muerte terrorífica.

Cierto de toda certeza que, promulgada la ley, es elevado y expandido el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (itbis), lo cual se procuró. Y sin duda es un logro para el Presidente Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con innegables repercusiones sobre los precios al detalle de todo producto. Alcanzado ese objetivo, una etapa diferente es complacer a la embajada de Estados Unidos de Norteamérica al procurar que se elimine el impuesto al sirop de maíz.

Pero, ¿a qué viene estimular, sobre todo a los azucareros, con apoyo para un arbitraje en la OMC? Los mexicanos recurrieron a este arbitraje porque, establecido el tratado tripartido de libre comercio con sus vecinos del norte, les negaban la entrada a muchos productos que exportaban. Al espíritu de lo pactado sobrevenían trabas técnicas y leguleyismos que debieron dirimirse en la organización. Pero los mexicanos acudieron en bloque, su gobierno federal y los empresarios.

Nosotros en cambio, ¿para qué tendríamos que recurrir a ello si nuestras autoridades aceptan como bueno y válido cuanto se diga desde la contraparte? Los mexicanos acudieron como un haz a la OMC, pues sentían que la esencia del articulado se violaba. En República Dominicana, la autoridad pública admite y acepta lo que la alta parte contratante señala. Nosotros estamos allí, casi como testigos, para poner firma de adhesión.

Pero no es lo del sirop de maíz lo único que nos llama la atención. De la lectura de nombramientos y del rumor público que circula surgen las interrogantes respecto del ahorro público. Hemos visto designaciones en el cuerpo diplomático, en donde una representación es mantenida con el mismo número de integrantes que tuvo bajo la gestión anterior. Las directrices, en este campo y en el de los departamentos internos, han seguido el principio de «quítate tú para ponerme yo».

Y éste, preparado por Concho Primo, pudo ser muy bueno en el pasado. Pero vimos que el retraso y la incuria fueron distintivos del quehacer nacional en los largos períodos en que prevaleció ese modo de ser. El ahorro público no entraña la sustitución de uno por otro, sino la supresión.

El ahorro público, como lo hemos señalado en innúmeras ocasiones, sirve en naciones como la nuestra, para estimular una inversión que todavía debe ser hecha por los gobiernos central y locales. Y si ello no se entiende, aún en segundas partes, el camino por recorrer será escabroso y difícil. Y más si a este problema se suman los titubeos y las indefiniciones de muchas autoridades.