La propuesta sobre un pacto fiscal que el Consejo Económico Social presentará este jueves al presidente Danilo Medina se sustentará en cuatro pilares: calidad del gasto público, eliminar el  derroche en   la administración pública, una reforma fiscal integral y la aplicación de políticas que permitan el  desarrollo de los sectores productivos.

 Ese avance y sus detalles lo ofrecieron ayer, en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, los integrantes del referido consejo: el sacerdote Mario Serrano, Roque Féliz, Rafael Abreu, Mayra Jiménez, Circe Almánzar y monseñor Agripino Núñez Collado.

 Serrano, representante del sector social, explicó que una vez se discutan las propuestas tiene que haber un compromiso de parte del Gobierno de racionalizar el gasto.

“Porque los dominicanos estamos cansados de que los recursos que ingresen al Estado se despilfarren,  se los lleve la corrupción u obras que no son prioritarias”.

El equipo involucrado en la elaboración de las propuestas no quisiera, dice el  sacerdote, que por la prisa de elaborar el presupuesto de 2013 se “sanchoche” un pacto tan importante. 

Féliz, también del área social, dijo que si bien es cierto que existe  la urgencia de avanzar en el presupuesto de 2013, es importante que se entienda que el pacto fiscal no se puede festinar.

“Los primeros indicadores de un pacto fiscal con compromiso social son la transparencia, la equidad y el desarrollo de los sectores productivos”.

Los peligros, según Abreu.   Rafael Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (Cenus), calificó de peligroso que el pacto fiscal se esté enfocando en el tema impositivo, sobre todo porque un aumento de la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (Itbis) sería lesivo para los sectores más pobres.

“Lo que la gente teme cuando se habla de reforma fiscal es que alguna carga va a recibir, y la verdad es que la pretensión que yo escucho de generalizar el Itbis es altamente peligrosa porque los impuestos los pagan todos, el que recibe salarios y el que no.

“Sobre todo, porque  un 80% de los asalariados  no gana más de RD$15,000, y los jubilados reciben pensiones de no más de RD$5,000,  entonces hay que pensar que impuestos que graven el consumo  son inaceptables”.

El sindicalista afirmó que los sectores que forman parte del Consejo están ahora en una etapa de conversación y camaradería, “pero  cuando se discuta  quién pagará los impuestos ahí saldrán a flote los intereses, porque hay sectores de poder que siempre pretenden que los impuestos vayan al consumo, porque de ese modo evitan pagarlos ellos”.

Abreu consideró, además, que si las autoridades controlaran más la evasión, no sería  necesario aumentar los impuestos.

La visión empresarial.  Circe Almánzar, quien representa al sector productivo,  expresó  que lo más importante es que las autoridades entiendan que no se debe hacer un “parche fiscal”, porque la necesidad del país es una reforma fiscal integral.

Y cuando se habla en ese contexto, aclara, se tiene que incluir calidad del gasto y cese del dispendio.

 “Porque nos hemos dado cuenta que en los últimos cinco años los impuestos han crecido, en el caso del consumo, en un 85%,  y en el de la propiedad en un 325 por ciento.

“Pero nunca da el dinero porque no se ajusta el gasto a los ingresos, eso es lo que se debe cambiar, porque un país no puede vivir así, se tiene que buscar un modelo que privilegie el desarrollo social de la nación, conjuntamente con el de los sectores productivos”.

Al responderle a Abreu sobre los conflictos que podrían surgir por el tema del aumento de las cargas impositivas, Almánzar refirió que lo importante es determinar cuál es el modelo económico que se va a seguir y qué estructura fiscal se va a implementar para tener un Estado que contribuya con el desarrollo.

“No podemos pensar solo en el presupuesto de gastos de 2013, porque entonces al año siguiente estaremos abocados a otro pacto fiscal”.

Empleos públicos.  Los miembros del Consejo discutieron las fuentes de financiamiento para las metas que tiene el  Gobierno.

En ese sentido, se les preguntó si la reducción de la nómina pública podría verse como una opción.

 Mayra Jiménez, del  sector sindical, explicó que eso debe manejarse con cuidado, porque cuando se habla de la reducción del personal en la administración pública hay que pensar en maestros, enfermeras, policías, conserjes, entre otros.

“Esos son el grueso, pero son los que menos ganan, y son los que se irán, si tienen suerte, al sector privado, de manera que ese tema sí que es delicado”.

Abreu, para reforzar los planteamientos de Jiménez,  planteó que siempre se dice que el sector privado absorberá la mano de obra del Estado, “pero eso no es así porque los empresarios contratan dos para el trabajo de cuatro”.